Ecuador ha experimentado un incremento en los procesos de extradición activa y pasiva desde 2024, como parte de la estrategia para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos graves. De acuerdo con cifras de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), entre abril de 2024 y febrero de 2026 se concretaron 59 extradiciones, mientras que más de 100 expedientes permanecen en trámite.
La extradición activa corresponde a los casos en los que Ecuador solicita la entrega de una persona investigada o sentenciada que se encuentra en otro país. En cambio, la extradición pasiva ocurre cuando otro Estado requiere a Ecuador la entrega de un ciudadano para enfrentar un proceso judicial.
Las estadísticas muestran que durante 2024 se ejecutaron 29 extradiciones, de las cuales 24 fueron activas y cinco pasivas. En 2025 se registraron 26 procedimientos, mientras que hasta febrero de 2026 ya se contabilizaban cuatro extradiciones adicionales.
Uno de los casos más relevantes fue la extradición de Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», hacia Estados Unidos, convirtiéndose en el primer ecuatoriano extraditado tras la reforma constitucional aprobada mediante referéndum en 2024. A este proceso se suman otros relacionados con presuntos integrantes de organizaciones delictivas y exfuncionarios investigados por corrupción.
Colombia continúa siendo el país con mayor número de trámites de extradición junto a Ecuador, seguido por Perú, Estados Unidos, Chile, España y Argentina, reflejando una estrecha cooperación judicial entre estas naciones.
Los delitos que más motivan las solicitudes de extradición incluyen violación, asesinato, delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico, estafa, femicidio, lavado de activos, abuso sexual y peculado, entre otros contemplados en la legislación penal.
Paralelamente, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Extradición, que reemplazará la normativa vigente desde el año 2000. La reforma busca reducir los tiempos de tramitación, definir con mayor precisión las competencias de las instituciones involucradas y fortalecer la coordinación entre la Corte Nacional de Justicia, Cancillería, Fiscalía, Policía Nacional e Interpol.
Con este nuevo marco legal, Ecuador aspira a agilizar los procedimientos de cooperación internacional y reforzar las herramientas judiciales para combatir la delincuencia transnacional, manteniendo abiertos más de un centenar de procesos de extradición que continúan su curso en las autoridades competentes.
