El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, fue trasladado al Centro de Privación de Libertad Santa Elena n.º 1, conocido como la Cárcel del Encuentro, luego de que un juez ordenara la prisión preventiva dentro del denominado caso BB, en el que se investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con actividades ilícitas.
La medida fue confirmada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), que informó sobre el ingreso del exfuncionario al centro penitenciario donde permanecerá mientras continúan las diligencias judiciales. La decisión también alcanza a otras cinco personas procesadas dentro del mismo expediente.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó los elementos recopilados durante más de un año de investigación. El juez acogió el pedido de prisión preventiva para todos los investigados y, además, ordenó la prohibición de enajenar bienes, la incautación de activos y la retención de cuentas bancarias, con el objetivo de preservar posibles evidencias patrimoniales mientras avanza el proceso.
Las autoridades también dispusieron la distribución de los procesados en diferentes centros penitenciarios del país. Tres de las mujeres investigadas fueron enviadas al Centro de Privación de Libertad Guayas n.º 3, en Guayaquil, mientras que otros dos procesados cumplirán la medida cautelar en la Penitenciaría del Litoral.
De acuerdo con información expuesta por el Ministerio del Interior, la investigación apunta a una presunta estructura que habría movilizado más de 3,2 millones de dólares provenientes de actividades relacionadas con la minería ilegal. Las autoridades sostienen que esos recursos habrían sido utilizados para financiar operaciones de organizaciones delictivas.
Según la versión oficial, la estructura obtenía ingresos mediante la explotación ilegal de minerales y posteriormente mezclaba el material extraído con producción proveniente de minas autorizadas para ocultar su origen antes de su comercialización. Estas hipótesis forman parte de la investigación y deberán ser analizadas durante las siguientes etapas del proceso judicial.
Los allanamientos ejecutados en las provincias de Azuay y El Oro permitieron la detención de seis personas y el decomiso de dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, equipos electrónicos, joyas y diversa documentación, elementos que serán sometidos a las respectivas pericias por parte de las autoridades competentes.
Mientras continúan las investigaciones, las instituciones encargadas del caso deberán determinar las responsabilidades individuales de los procesados conforme al debido proceso. Las personas investigadas mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada.
