Más de 800 transportistas, comerciantes y representantes gremiales de Ecuador y Colombia protagonizaron una movilización pacífica en el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre ambos países. La protesta surgió como respuesta a la aplicación de un arancel del 30% a las importaciones, medida que ha generado preocupación por su impacto inmediato en el comercio fronterizo.

Los manifestantes partieron desde Tulcán e Ipiales con pancartas y banderas de ambas naciones, enviando un mensaje de integración y cooperación. Durante la marcha, exhortaron a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro a revisar la política arancelaria y priorizar el diálogo para evitar un deterioro en las relaciones comerciales.

La tensión comenzó cuando Ecuador impuso la tasa del 30% a productos colombianos desde el 1 de febrero. En respuesta, Colombia anunció una medida similar para los bienes ecuatorianos, creando un escenario de reciprocidad que amenaza con frenar el intercambio de mercancías. Aunque varios camiones se ubicaron a los costados de la carretera, el tránsito no fue bloqueado totalmente, manteniendo el carácter pacífico de la jornada.

Según Omar Guerrón, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape), la disposición afecta a toda la cadena logística, desde el transporte hasta la industria que depende de materias primas extranjeras. El dirigente advirtió que la reducción de exportaciones e importaciones podría generar pérdidas económicas y disminuir la competitividad empresarial.

En la zona fronteriza ya se perciben los primeros efectos. Productos ecuatorianos como el arroz y el plátano, que abastecen regularmente a regiones del sur colombiano como Nariño, Cauca y Valle, enfrentan incertidumbre comercial. Algunos importadores han preferido detener envíos ante el aumento de costos, mientras se reporta un ambiente especulativo en los precios.

El presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, Nelson Cano, explicó que la aplicación del cobro en Colombia todavía no se concreta, lo que incrementa la incertidumbre entre empresarios y transportistas. Por su parte, Carlos Bastidas, titular de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, señaló que parte del movimiento actual responde a trámites anticipados realizados antes de la entrada en vigor de la medida.

Al finalizar la protesta, los participantes firmaron un documento conjunto para solicitar la mediación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En la misiva advierten que estas restricciones podrían incentivar el contrabando, el comercio ilegal y el uso de pasos irregulares, además de provocar la saturación de bodegas y la desaceleración del flujo comercial.

El asesor internacional de la Gobernación de Nariño, Javier Cabezas Castillo, atribuyó el conflicto a la falta de reuniones bilaterales entre ambos gobiernos en los últimos años y confirmó que se mantienen gestiones diplomáticas para superar el impasse comercial.