El Ecuador enfrenta un nuevo escándalo relacionado con el uso indebido de recursos estatales, específicamente en la comercialización de diésel subsidiado, que debía destinarse exclusivamente a sectores autorizados. La Fiscalía General del Estado, junto con la Policía Nacional, ejecutó allanamientos simultáneos en oficinas y domicilios vinculados a una empresa con sede en Guayaquil, presuntamente involucrada en este ilícito.
Una investigación que destapa la red de corrupción tras el diésel industrial
La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción lidera una indagación profunda sobre el accionar de esta comercializadora, que, según las primeras evidencias, habría adquirido diésel subsidiado destinado al sector camaronero para luego revenderlo a consumidores no autorizados. Este tipo de maniobra no solo representa una violación a la normativa ecuatoriana, sino que también genera un impacto económico significativo al Estado, debido a la diferencia de precios entre el diésel subsidiado y el no subsidiado.
El viernes 4 de julio de 2025, la Fiscalía ejecutó allanamientos en Guayas y El Oro, no solo en las oficinas de la comercializadora, sino también en viviendas de accionistas y exaccionistas, algunos de los cuales habrían tenido vínculos directos con organismos estatales de regulación.
Exfuncionarios implicados: vínculo con la Agencia de Regulación de Hidrocarburos
Uno de los hallazgos más preocupantes de esta investigación es la presunta participación de exfuncionarios de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quienes, junto a familiares, formarían parte de la estructura empresarial que facilitaba el acceso al diésel subsidiado. Según la Fiscalía, esta cercanía con la entidad reguladora habría permitido obtener permisos de forma irregular, ocultando el destino final del combustible.
La institución detalló a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que los beneficiarios de esta operación habrían sido los propios accionistas, quienes obtenían ganancias significativas mediante la reventa del diésel a sectores no autorizados.
Conexiones con el Caso Triple A: se amplía el cerco judicial
Otro elemento clave de esta indagación es la detección de presuntas transacciones con empresas investigadas en el caso Triple A, un proceso penal que involucra a varias figuras políticas y empresariales del país, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
La Fiscalía analiza documentos, transferencias y contratos para determinar si estas conexiones financieras sirvieron para lavar activos o canalizar ganancias provenientes de la venta ilegal de diésel. Esta línea de investigación sugiere que el esquema podría tener un alcance mucho mayor al inicialmente previsto, con ramificaciones tanto en el sector público como privado.
Modus operandi de la comercializadora: cómo operaba la red
La empresa señalada habría creado un esquema logístico y financiero complejo. Primero, utilizaban permisos legítimos para adquirir grandes volúmenes de diésel industrial subsidiado, presuntamente con el pretexto de abastecer a camaroneras autorizadas. Luego, parte de este combustible era desviado y entregado a compradores fuera del sistema legal, como empresas privadas o individuos que no calificaban para este beneficio.
Para encubrir la operación, se habrían usado facturas falsas, empresas fantasma y depósitos en cuentas de terceros. De esta manera, se dificultaba rastrear el origen del diésel y se legitimaban las ganancias.
Consecuencias para el Estado: pérdidas millonarias y debilitamiento del subsidio
El subsidio al diésel en Ecuador es una política pública destinada a fomentar sectores estratégicos como la agricultura, pesca y transporte. El desvío de estos recursos no solo implica una pérdida millonaria al presupuesto nacional, sino también un perjuicio directo a los beneficiarios reales que ven limitados sus suministros por causa de este tipo de delitos.
La manipulación del sistema de distribución genera distorsiones en el mercado, promueve el mercado negro y pone en riesgo la sostenibilidad del subsidio estatal, que ya ha sido objeto de debate por parte de organismos multilaterales y el propio Gobierno.
Reacciones institucionales y próximas acciones judiciales
La Fiscalía anunció que continuará con las diligencias correspondientes, incluyendo la toma de versiones, peritajes informáticos, análisis financieros y vinculación de nuevos sospechosos. No se descarta que en los próximos días se formalicen cargos contra varios implicados, incluyendo exservidores públicos.
El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, emitió un comunicado en el que ratificó su compromiso con el control del subsidio y pidió a las instituciones judiciales que actúen con firmeza ante estos delitos que atentan contra los recursos públicos.
Transparencia, control y reformas necesarias
Este caso vuelve a poner en la agenda nacional la necesidad urgente de reformar los mecanismos de control y distribución del combustible subsidiado. Expertos en política energética y analistas económicos coinciden en que se requieren sistemas más rigurosos de trazabilidad, así como mayor interoperabilidad entre las instituciones encargadas de emitir y supervisar los permisos de compra y uso del diésel.
También se propone la implementación de tecnologías de monitoreo satelital, digitalización de la cadena de distribución y auditorías externas periódicas que garanticen el uso adecuado del subsidio.
Implicaciones políticas: ¿afectará a figuras de alto perfil?
Dado que las investigaciones tocan sectores vinculados al Caso Triple A, y se mencionan vínculos con figuras políticas relevantes, este escándalo podría escalar al más alto nivel político. Si se comprueba que funcionarios en ejercicio participaron o facilitaron estas actividades, podrían enfrentarse a cargos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y delincuencia organizada.
El caso ha generado un amplio debate público y presión ciudadana para que las investigaciones se desarrollen con total transparencia. Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación exigen que no se permita la impunidad en delitos de corrupción que afectan directamente al pueblo ecuatoriano.
La Fiscalía General del Estado, en conjunto con personal de la Policía Nacional, allanó la madrugada de este viernes 4 de julio las instalaciones de la Comercializadora Industrial Fragoneri. Este operativo se enmarca en una investigación por el presunto delito de delincuencia… pic.twitter.com/WwCUfQUBB7
— Radio Forever (@925forever) July 4, 2025
