Hoy a las 10h00 se conocerá la sentencia del caso Metástasis. Caso que se debe constituir en el referente para el antes y el después de la justicia ecuatoriana, a fin de recuperarla en beneficio de la sociedad; porque en él incurren por lo menos tres áreas de la Función Judicial, muy venida a menos en los últimos tiempos.
En este caso están involucrados: 1. Funcionarios públicos de alto nivel de la administración de justicia; 2. El sometimiento de parte de la justicia ecuatoriana a las bandas organizadas; y, 3. Las lecciones que deben guiar los correctivos al exceso de garantismo legal que en malas manos ha convertido la justicia del país en un negocio que está destruyendo a la sociedad ecuatoriana.
Los 21 procesados en Metástasis están acusados de integrar una “empresa criminal” manejada por el narcotraficante asesinado en octubre de 2022 Leandro Norero, organización que incluía bajo sus órdenes a jueces, otros operadores de justicia, fiscales, director del SNAI, guías penitenciarios, policías, abogados de libre ejercicio, etc. Con los que obtenía fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada sobre casos penales que estaban en curso por lavado de activos, narcotráfico o tráfico de armas, según la Fiscalía General del Estado.
Concluidos los 28 días de audiencia de juzgamiento, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), compuesto por Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, a partir de las 10:00 de hoy, emitirán su dictamen oral respecto a los 21 procesados por el delito de delincuencia organizada.
La sociedad ecuatoriana espera que de una vez por todas iniciemos la lucha contra la impunidad. Aspiramos a que el caso Metástasis sirva para: 1. Que nunca más se involucren funcionarios de justicia para comercializarla; 2. Que nunca más la justicia se someta a las bandas organizadas; 3. Y que se tomen las medidas necesarias para que la justicia no caiga o no siga en manos de los corruptos que vestidos hasta con togas comercializan sentencias.
Dentro del debido proceso, hasta el 19 de noviembre, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó las pruebas y testimonios que demostraba la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los 21 procesados solicitando la pena máxima de cárcel para el líder y los colaboradores de la “empresa criminal” procesada penalmente desde el 14 de diciembre de 2023.
Haciendo uso de su legítima defensa los abogados de las personas juzgadas expusieron sus argumentos tratando de demostrar que la Fiscalía no había probado el delito de delincuencia organizada y la participación de los imputados.
Entre los exfuncionarios de alto nivel de la justicia están involucrados como líder, Wilman Terán, ex juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Además constan Pablo Ramírez, general retirado y exdirector del SNAI y Ronald G., Johann M., María José A., Carlos Z., John C., Víctor Hugo A., Doris Oraya O., Armando Heriberto R., Ángel Danilo L., Fernando Andrés G., Edín Alexander I., y Katerine Pilar G.
Contra ellos, el fiscal Wilson Toainga pidió siete años de pena máxima y que se sume el agravante del numeral 19 del artículo 47 del COIP19.: «Aprovechar su condición de servidora o servidor público para el cometimiento de un delito». Así, la Fiscalía pide para Terán la pena máxima agravada de nueve años y cuatro meses de cárcel.
Sometimiento de parte de la función judicial a las bandas organizadas
Por haber cometido acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada, también están en la lista los exjueces del Guayas Ronald G., alias Momia; Johann M., alias JM; Carlos Z., alias Presi; los abogados en libre ejercicio César A., Kevin P. o Sofía G.; a los exfiscales Víctor Hugo A. y María José A.; la exguía penitenciaria Pilar G.; la excomisionada de Pacificación de las Cárceles, la colombiana Claudia G.; los expolicías Eddin Alexander I., Armando Heriberto R., Ángel L., Fernando G. y Doris O. F.; el funcionario judicial Jhon Fernando C. y los ciudadanos Eduardo R. y Braulio M.
Para el único de los líderes de la organización criminal investigada que llegó a la etapa de juzgamiento, Xavier Alexander N. A, alias Novi o Novita, la Fiscalía solicitó se declare su culpabilidad como autor directo del delito de delincuencia organizada y se le imponga el máximo de la pena determinada en el primer inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto es la pena privativa de libertad de diez años.
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2024.
Por Washington Delgado.
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