Hasta que no reconozcamos que la actual Constitución es estatista, ningún Presupuesto General del Estado alcanzará para cubrir su estructura y los servicios públicos a los que está obligado si no aumentamos ingresos o reducimos gastos.
Debido a esta realidad, desde el año 2014 cuando cayó el precio del petróleo, nuestro país ha financiado los déficits ficales con deuda pública que se ha incrementado hasta un monto impagable al punto que se han agotado las fuentes de financiamiento.
Hoy Ecuador no puede financiar ni siquiera los servicios públicos de salud para las enfermedades catastróficas como las diálisis de los enfermos renales, ni pagar las deudas a los prestadores privados que atienden a los pacientes derivados del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como es el caso de SOLCA.
El estatismo que se impuso en Montecristi el 2008 se basa en una doctrina política según la cual el Estado debe ser el centro y la estructura principal que dirige, administra y controla toda o gran parte de la actividad social y económica del Ecuador. Incluso se llegó a pretender que el Estado sea el principal empleador sobre los sectores privados.
Situación que ha llevado desde el año 2014 cuando cayó el precio del petróleo al endeudamiento público para financiar los déficits anuales que han bordeado en promedio de $6.000 millones de dólares anuales hasta la necesidad de financiamiento en el presupuesto del 2024 por $10.990 millones.
Cifras imposibles de cubrir. Además, parte de los egresos son pago de deuda pública con sus respectivos intereses, subsidios a la seguridad social, combustibles y bonos de ayuda, mientras irónicamente estamos renunciando a explotar el petróleo en el bloque 43 del ITT y a la minería legal en un sector de la provincia de Pichincha, por consulta popular.
Ecuador por treinta años intentó llegar al desarrollo siguiendo la receta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) conocida como la «receta cepalina» entre los años sesenta hasta los noventa, que recomendaba la sustitución de importaciones para no depender de las exportaciones de materias primas.
Programa que quedó en buenas intenciones y que mantuvo a los países latinoamericanos en el subsdesarrollo y en graves problemas de endeudamiento público.
A partir de los años noventa, mientras otros países tomaban por lo menos en parte las recomendaciones del Consenso de Washington para una mejor administración económica de los países. Lastimosamente en Ecuador se decidió declarar que esa receta era neoliberal por lo que se la satanizó.
Hasta la fecha, mientras Colombia y Perú, siguiendo esas recomendaciones atraen inversión y mantienen una economía estable relativamente. En nuestro país jamás se discutió con seriedad el Consenso de Washington para adaptar sus recomendaciones a nuestra realidad sin pasionismo y así mejorar nuestra economía.
Esas recomendaciones incluyen temas de sentido común, como la disciplina fiscal para reducir el déficit fiscal y la inflación; eliminar subvenciones ineficientes para redirigir los recursos públicos hacia servicios básicos, educación y salud de calidad; reforma tributaria ampliando la base de contribuyentes eliminando la evasión fiscal; abrir el sistema financiero a la banca internacional; negociar tratados de comercio; erradicar el proteccionismo ineficaz; privatizar las empresas públicas ineficientes; desregular la intervención estatal en la economía; y garantizar el derecho a la propiedad y patentes.
Medidas que dan resultado cuando el Estado tiene poder de control y no existe corrupción. Sabiendo que existirán controversias, pero no por responsabilidad del prescriptor ni de la receta, sino de quien lo aplique por lo que se requiere un poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, especialmente, que sean verdaderos funcionarios públicos con sentido de administradores.
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024
Por: Washington Delgado L.
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