En la teoría de la «pureza política» la paz se construye sobre las bases de unidad comunitaria y del respeto al orden constituido. Sin embargo, en estos días es imposible recuperarla siquiera mientras la sociedad ecuatoriana se enfrenta cada día a la polarización política que nos divide y mientras la corrupción y la delincuencia se amparan en una justicia mal concebida y mal aplicada.
En mi libro «La Generosidad Política» he presentado un estudio sobre la teoría de la «pureza política» aplicada en los países que se desarrollan de manera mucho más efectiva porque existe la suficiente estabilidad en el presente y la certidumbre del futuro entre los habitantes que conforman su comunidad.
Pero, ¿qué estabilidad y certidumbre existe hoy en Ecuador cuando vemos a una oposición política en la Asamblea Nacional que juega a su antojo, por ejemplo, con una de las herramientas democráticas y fundamentales del Estado de derecho como es el juicio político?
Dicho sea de paso, la herramienta democrática del juicio político es tan seria para que exista el control y equilibrio entre las funciones del Estado. No respetarla retirando firmas para suspender solicitudes previas le hace hace un flaco favor a la estabilidad política necesaria. De la que se aprovecha la corrupción y la violencia que hoy campea en el país.
Al archivo del juicio político contra Wilman Terán por decisión de una mayoría de la Comisión de Fiscalización, se le suma el retiro de las firmas por los proponentes para suspender tres juicios políticos a exfuncionarios que en su momento creyeron necesario plantearlos con la intención evidente de acelerar el juicio político contra la actual canciller Gabriela Sommerfeld por la incursión a la Embajada de México para capturar a Jorge Glas, a pesar de que el Tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia determinó ya que la detención del exvicepresidente Jorge Glas, mediante la incursión policial en la Embajada de México, en Quito, el 5 de abril de 2024, «fue legal, legítima y no es arbitraria».
Aparte de esta incertidumbre, y mientras en la Asamblea además se demoran discutiendo la proporcionalidad de las penas y el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, tal como lo decidió la ciudadanía en la última consulta popular, el Ejecutivo, según el boletín de prensa N. 272, seguirá en su empeño de garantizar la paz mediante un nuevo estado de excepción, que lo enviará por tercera ocasión a la Corte Constitucional, esperando que no sea rechazada en esta ocasión al contar con el aval de la Asociación Mundial de Juristas (WJA por sus siglas en inglés) a la que se ha tenido que recurrir.
Para aquellos que puedan volver a oponerse a este recurso constitucional del Ejecutivo para luchar contra las bandas organizadas, es oportuno hacerles conocer que la WJA es una entidad no gubernamental de la sociedad civil, con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Cuenta con 60 años de trayectoria y reúne a destacados profesionales del ámbito jurídico, con el propósito de cooperar en el fortalecimiento y la expansión del Estado de Derecho y sus instituciones en todo el mundo. Este organismo estableció un Comité Internacional para el Seguimiento del Estado de Derecho en Ecuador, como una iniciativa técnica y académica.
Es así que, el Comité emitió un informe jurídico sobre la adecuación del proyecto de Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de excepción a la Constitución de la República; concluyendo que cumple plenamente la disposición constitucional, concluye el boletín de prensa.
Qué duro es luchar contra las mafias superando los requisitos constitucionales y legales, así como los obstáculos políticos mientras las bandas organizadas no tienen ninguno.
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, MARTES 2 DE JULIO DE 2024
Por: Washington Delgado L.
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