El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), vuelven a estar en el ojo del huracán y en fuego cruzado entre ellos y otras instituciones. Esta situación se da en pleno proceso electoral, mientras el TCE debe resolver la denuncia contra Verónica Abad, de ésta contra el presidente Daniel Noboa y contra vocales del CPCCS, entre otros temas y el CPCCS debe elegir a los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de las elecciones de febrero 2025, más los juicios políticos que Revolución Ciudadana (RC) está solicitando contra vocales del CNE, TCE y CPCCS; creando un ambiente bastante complicado para la democracia ecuatoriana.
No creo que el constituyente de Montecristi pudo prever esta situación tan calamitosa. Y peor que hoy se responda positivamente a la pregunta de si estas creaciones del correísmo ¿han contribuido al desarrollo democrático y social del país cumpliendo sus facultades? Es cierto, por otro lado, que toda institución y todo país debe enfrentar este tipo de desafíos, pero son temas que con el tiempo deben ser resueltos y en el caso ecuatoriano aún vemos, luego de 16 años de vigencia de la nueva constitución.
A estas alturas, hoy en pleno proceso electoral existen dudas sobre si las decisiones administrativas y jurídicas son imparciales o influenciadas por la política partidista. Más cuando tres vocales del TCE cesan a Fernando Muñoz del cargo de presidente por mala administración y manejo económico y financiero ineficiente que ha puesto al riesgo al organismo. Mientras éste denuncia que no lo pueden sacar del cargo legalmente y que existen intereses políticos en la decisión de la mayoría.
Sólo para agregar algún detalle a la gravedad del momento y lo inoportuno de esos conflictos, en estos tiempos la lista de lo que el TCE deberá resolver incluye la denuncia por presunta infracción electoral grave planteada en contra de cuatro vocales del CPCCS: los principales Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas y los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor.
Se deberá resolver no sólo su permanencia en la institución sino también con la suspensión de sus derechos de participación y hasta la destitución de sus cargos. Un segundo tema a tener en cuenta es la en contra Verónica Abad la Vicepresidenta quien debe reemplazar al presidente Noboa desde el 5 de enero de 2025, presentada por el vocal del CPCCS Juan Guarderas, quien la acusa de haber hecho campaña electoral anticipada cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca en los comicios seccionales de febrero del 2023.
Y un tercer caso es el de la denuncia por presunta violencia política que interpuso la vicepresidenta de la República Verónica Abad en contra del primer mandatario Daniel Noboa Azín. Denuncia ingresada al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el jueves 8 de agosto de 2024. Sin contar con que el Consejo de Administración del Legislativo (CAL) aceptó el mismo día, el pedido de interpelación planteado por el asambleísta de la RC Cristhian Vega Quezada en contra de Ángel Torres Maldonado y Joaquín Viteri Llanga, ambos jueces del Tribunal Contencioso Electoral.
Aunque se conoce que legalmente no pueden ser sometidos a juicio político en medio de procesos electorales. Tal como sucede con los vocales actuales de CNE, Diana Atamaint, Enrique Pita García, José Cabrera Zurita, Esthela Acero y el exconsejero Luis Verdesoto que también están a la espera de sus juicios políticos. Asimismo en la Asamblea, RC ha planteado otro juicio político contra el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni y Mishelle Calvache, vocales de Participación Ciudadana, por la elección del defensor público.
Como dicen en algún lugar del Ecuador: todo esto se parece a un mal momento que ojalá fuera una simple pesadilla.
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024
Por: Washington Delgado L.
#TCE #DanielNoboa #CNE #RevoluciónCiudadana #VerónicaAbad #EditorialForever