El Estado como institución, dentro del contrato social, garante de la legitimidad y legalidad del «monopolio estatal de la violencia-fuerza legítima», fue creado para preservar al mismo Estado y la ciudadanía que lo conforma.
Pero en los últimos tiempos en Ecuador se debilitó esta legitimidad al quitarle fuerza a las instituciones a partir de la nueva constitución, mediante el «garantismo» que es una forma de exagerar las garantías de las que se aprovecha el delincuente y no el inocente; y que por medidas alternativas a la justicia, promueve la corrupción en parte de la Función Judicial y el debilitamiento de las Fuerzas del Orden y sus sistemas de inteligencia.
Dando así oportunidad a que las fuerzas negativas de las bandas organizadas se tomen prácticamente la seguridad ciudadana, tal como lo estamos experimentando en la actualidad.
Y por lo que hemos visto estos días que estén creando el terror entre la ciudadanía con incendios provocados y otra formas de violencia extrema y agresiva que sin misericordia ninguna asesina a plena luz del día.
Esta situación se agrava cuando se manifiesta que el Estado debe respetar los Derechos Humanos, aún de los mismos delincuentes, lo cual es cierto, porque incluso está contemplado en los tratados internacionales. Sin embargo, en la sesión de la Organización de Naciones Unidas también hay voces que denuncia el exceso de garantismo y la orientación que se ha dado a los derechos sin respetar los humanos derechos.
Al ser disminuida la acción del Estado hemos visto cómo algunos sectores se han ubicado indebidamente sobre las instituciones manejándolas a su conveniencia. Ninguna sociedad puede funcionar si no hay un orden, un respeto a la institucionalidad del Estado. Si no se lo hace únicamente se «normaliza» el «hago lo que me da la regalada gana».
Es hora de que se reconozca a la violencia no como un problema del Gobierno ni de los ciudadanos inocentes, sino como un problema de Estado que en su momento fue debilitado institucionalmente para volverlo a fortalecer y así cumplir sus objetivos, entre ellos la defensa de la seguridad ciudadana.
Trabajo en el que deben coordinar y coincidir todas las acciones de las diferentes funciones del Estado ecuatoriano. Al tiempo que el Ejecutivo y el Legislativo principalmente deben enfocarse en tratar los temas fundamentales para fortalecer el sistema de justicia, combatir al crimen organizado y el lavado de activo y sobre todo fortalecer el tejido social.
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Por: Washington Delgado L.
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