¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS) debe ser reformado o desaparecer?
Es una pregunta pertinente, porque no ha cumplido con sus tres funciones estipuladas en el artículo 207 de la Constitución. Sólo para evaluar sus ejecutorias: ¿En cuánto ha promovido la participación ciudadana? Y ¿en cuánto ha luchado contra la corrupción? Sin duda la respuesta ciudadana ni siquiera manifestará conocer que el CPCCS debe cumplir estas obligaciones constitucionales.
Salvo en su tercera función que corresponde a la designación de los titulares de las entidades de control, por la que se convirtió en la «joya de la corona» de los políticos, que pretenden nombrar a la carta a Fiscal, Contralor, Procurador, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, y todas las Superintendencias, entre ellas la de Banco.
Es decir, a los titulares de las entidades que en representación de la ciudadanía deben ejercer la soberanía de los ciudadanos sobre los políticos. En la práctica ha sido a la inversa, al haber estatizado la voluntad popular con este organismo.
Todas estas son las reflexiones necesarias para evaluar si debe ser reformado, por lo menos eliminando el nombramiento de las autoridades de control, o de una vez eliminarla por no haber cumplido tampoco en la lucha contra la corrupción y en promover la participación ciudadana.
Este análisis es obligatorio, mucho más con los últimos acontecimientos de la «liga azul» que convirtió al CPCCS en un ente político de la RC5 tomándose la vicepresidencia en la primera sesión en que participaron los 4 identificados con ese movimiento; devolvió la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia y cambió al Superintendente de Bancos. Hecho éste último que fue rechazado por la ciudadanía y que la Corte Constitucional debe proceder a la destitución por desobedecer la sentencia dictada sobre este tema.
Pero para colmo, con el ánimo de no ser cesados, los cuatro miembros de la «liga azul» pretendieron dar marcha atrás ratificando como superintendente de Bancos a Roberto Romero y anulando la designación ilegal que habían hecho de Raúl González, con una figura jurídica que no existe en la jurisprudencia al declarar la «ineficacia» de su propia decisión del 22 de enero por las consecuencias que desató en el ámbito político y jurídico.
Hoy, viernes 31 de enero 2025, finalmente, luego de más de siete meses de apelaciones y de recusaciones de varios jueces electorales, el Tribunal Contencioso Electoral resolverá si destituyen o no a los cuatro vocales del CPCCS de la «liga azul» por haber llegado a ese cargo mediante el prohibido proselitismo político.
Pase lo que pase hoy, igualmente seguirá pendiente la pregunta si se debe reformar o eliminar del todo a este organismo que tantas complicaciones le ha causado a la democracia ecuatoriana al entregar la voluntad popular en manos de un movimiento político que la ha mal utilizado.
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, VIERNES 31 DE ENERO DE 2025.
Por: Washington Delgado L.
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