La Ética en la función pública incluye que nadie esté sobre la ley, pero también que nadie haga escándalo presentando denuncias infundadas y sin sustentos por intereses políticos e ideológicos.
Como en cualquier profesión y actividad se considera la necesidad de ser éticos, cuando se trata de asuntos públicos deber existir mayor rigurosidad por tratarse del poder económico y político que el pueblo le encarga a los funcionarios públicos y a los representantes de fundaciones y gremios, incluyendo el respeto al estado de derecho basado en valores que guían la conducta en sus decisiones y acciones para un efectivo servicio a la ciudadanía y cumplir con el bien común.
En esta semana hemos sido testigo de dos hechos que traen al primer plano la necesidad de la Ética del servidor público, como son los casos de la crisis energética y el caso Olón. En el caso de la crisis energética, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el ministro (e) de Energía y Minas, Roberto Luque, acaba de denunciar ayer que el gobierno de Daniel Noboa Azín identificó la existencia de lo que serían ‘mafias’ que tienen relación con los proveedores de energía y de aquellos que dan mantenimiento a las centrales del país.
A una de las preguntas de la legisladora Adriana García, Luque, según el diario El Universo, respondió: «Existen varios problemas en el sector energético. Existe el problema de proveedores de combustible, de diésel, que no quieren que se les acabe el negocio. Existen problemas de los proveedores de mantenimiento de electricidad que siempre son los mismos contratados y que a cuenta de que tienen representaciones ponen sobreprecios.
Existen temas de contratos colectivos… Entonces, cuando me habla de mafias podemos referirnos a estas, que son un gran problema en el sector energético». En conclusión hizo énfasis en que existe la presencia de personas mal intencionadas y la omisión en la gestión de su predecesora Andrea Arrobo, con lo que se evidencia que no existió ni existe Ética en estas personas como funcionarios públicos, porque ponen sus intereses políticos y económicos sobre los intereses de la ciudadanía.
En el caso de Olón, como lo vimos ayer, existen dos versiones con el peligro que conlleva al crear escándalos con datos incompletos o manipulados como cuando los denunciantes dieron la información sobre trámites concedidos por el Ministerio del Ambiente en tiempo récord, que se habría talado mangle en una zona protegida y no se habría realizado la consulta previa a la comunidad. De tal manera que la opinión pública se escandalizó. Pero bajando un poco las aguas turbias, vemos que la información no es del todo cierta por decir lo menos.
Consultada por el sitio digital Primicias, la abogada ambientalista María Amparo Albán, «apunta a que existe confusión de palabras y conceptos en temas ambientales. Por ejemplo, entre un área protegida del SNAP y un bosque protector. Y en el caso del Esterillo Oloncito, ésta no es un área protegida, dice, sino un bosque protector, que es una categoría de manejo forestal consagrada en la antigua ley de la década del 80. Por lo que tener un bosque protector «no equivale a que sea un área protegida o restringida para el desarrollo de actividades productivas», asegura Albán, aunque sí obliga a cumplir con las medidas de manejo especificadas en el Código Orgánico del Ambiente.
«Para realizar cualquier tipo de actividad en un bosque protector, la norma requiere obtener un permiso que se llama registro ambiental, pagando las tasas y haciendo un registro forestal, si se va a intervenir una zona de bosque», explica. Este registro se hace por Internet, como un trámite ordinario, porque la ley lo faculta, argumenta. En el caso del proyecto un Olón, dice Albán, hay un estero, «como en muchas ciudades de la Costa», donde todas las construcciones turísticas se hacen alrededor de los esteros. Estos no son terrenos del Ministerio de Ambiente, asegura Albán, sino privados. Pero los derechos de propiedad no se anulan por las categorías de manejo ambiental, «sino que el dueño del predio se obliga a cumplir con los planes de manejo y mitigación, más aún en el tema hídrico», indica.
Para Albán, la empresa no tiene la obligación de realizar una consulta ambiental, que solo aplica para los proyectos de alto impacto «y este no es el caso», por lo que opina que detrás de este escándalo hay un tema ideológico «para suprimir la capacidad de inversión». Con esta información de la experta, lo que se espera es que todo se lo maneje dentro de le Ética pública y se contraste entre la Ética de los funcionarios y la de los denunciantes.
Por> Washington Delgado L.
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