Con la vinculación por concusión de la vicepresidenta Verónica Abad en el «caso Nene» cambia la figura de su estatus y nos obliga como en raras ocasiones tratar este tema dos veces en la misma semana.
Porque si existen y se ratifican como verdaderos los 13 elementos que ha presentado la Fiscalía General del Estado en las 829 fojas y nueve cuerpos que contiene el expediente, sí habrían los elementos de convicción suficientes para que la Corte Nacional de Justicia proceda con el juicio penal y la Asamblea Nacional proceda con la autorización de dicho juicio.
Entre los 13 elementos listados, primero destaca la ampliación de la denuncia de Rommel P. Vincula a la Vicepresidenta en su contratación a cambio de un pago gestionado por su hijo Sebastián Barreiro (hoy libre bajo fianza) más los chats que ha presentado que demostrarían la intervención de la Vicepresidenta en el ilícito. Elementos que han motivado a la Fiscalía General del Estado a cambiar el delito de «oferta de tráfico de influencias a concusión”, y procesar a la vicepresidenta Verónica Abad. Delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además, al testimonio de Rommel P., se suman los de 6 funcionarios y exfuncionarios de la Vicepresidencia, y los de dos empleados del hotel en los que se habría negociado la vinculación del denunciante Rommel P.,. Se agrega otras versiones libres, voluntarias y sin juramento de Douglas C., administrador de la suite del hotel en el que se habría dado la reunión entre Rommel P., Sebastián B. y Daniel R., también implicado; la de Marco M. exsecretario general de la Vicepresidencia, quien indicó que la segunda mandataria dispuso la contratación del hoy denunciante en el cargo de coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia; la de Gruber Z., quien es la persona que realizó el pago de una suite del hotel en el que se encontraba hospedado Daniel R. , y en la que en una ocasión le recomendó a la vicepresidenta hospedarse.
El delito de concusión está entre los delitos en la contratación pública en el artículo 281 del COIP, que dice: “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Sabemos que en el fondo sería penoso en lo personal y en lo político que se demuestre que la Vicepresidenta esté involucrada en el delito de concusión junto con su propio hijo.
De tal manera que la Corte Nacional de Justicia deberá pedir la autorización a la Asamblea Nacional por el fuero de corte y los asambleístas, tal como algunos de ellos han adelantado su posición, si encuentran que los elementos de convicción son contundentes deberán votar a favor del juicio penal.
Sin embargo, habrá que certificarlo y respetar los principios del debido proceso y la presunción de inocencia hasta que los jueces de la CNJ digan lo contrario.
Como decíamos ayer con nuestra entrevistada, la Dra. María del Mar Gallegos, abogada penalista, siendo un tema político podría acelerarse el procedimiento tal como sucedió con Jorge Glas. De lo que se abren tres vertientes, la primera es que se acelere el proceso, tal como sucedió con Jorge Glas; la segunda vertiente es que si aún persisten algunos asambleístas que apoyan a Verónica Abad a pesar de la evidencias, no se alcanzaría los 92 votos necesarios; y no faltará quien insista en que se trata de un tema político entre la Presidencia y la Fiscalía, tal como lo ha dejado entrever la misma Vicepresidenta.
Editorial de 92.5 Forever radio, miércoles 12 de junio de 2024.
Por: Washington Delgado L.
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