Cada día la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional nos trae sorpresas al considerar que los juicios políticos se los debe manejar al antojo del momento y no por la seriedad que representan para la democracia y la buena administración pública.
Conducta que se da no sólo al recomendar el sorpresivo archivo del juicio político contra Wilman Terán, a pesar de la larga lista de hechos que deben ser investigados y que están en pleno proceso ante los jueces, sino la posible decisión de hoy de suspender las solicitudes de juicio político contra tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso: Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena, para acelerar el juicio contra la canciller Gabriela Sommerfeld por la incursión a la Embajada de México a fin de capturar a Jorge Glas.
Más allá de las facultades constitucionales y legales que tienen para hacerlo, quienes así están decidiendo le dan más peso a la coyuntura política que a los hechos denunciados en cada oportunidad. Porque si en su momento se consideró necesario el juicio político contra los tres exfuncionarios por los méritos que expusieron para solicitarlos, ¿qué los lleva ahora a considerar que no es así?
Lo que es lamentable para el país, porque el concepto de juicio político es algo bastante serio al formar parte del Estado de Derecho en el que los representantes del pueblo establecen responsabilidades y ejercen el control a los gobernantes, a sus ministros y a otros funcionarios públicos que deben rendir cuentas.
El juicio político por lo tanto no puede ser manejado al antojo ni a la conveniencia circunstancial de los partidos políticos a los que obedecen los asambleístas, sino a los intereses del país.
El juicio político es una consecuencia del incumplimiento del funcionarios público contra los intereses de los ciudadanos, por lo que no puede ser utilizado como una herramienta política para el beneficio particular.
La democracia representativa tiene sus herramientas para fiscalizar y controlar el ejercicio político, al no ser posible que todo el pueblo intervenga en esa facultad por obvias razones.
De tal forma que el Estado de Derecho tiene sus normas que hacen efectiva esa responsabilidad, porque los funcionarios son políticamente responsables incluyendo la revocatoria del mandato y prohibición para ejercer funciones públicas en el futuro por los períodos correspondientes, por lo que no debe ser tomado como un tema de caprichos o vaivenes políticos.
EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO, LUNES 1 DE JULIO DE 2024
Por: Washington Delgado L.
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