Una red criminal operada desde el interior de la Policía Nacional

Tras cinco intensos meses de investigación, las autoridades ecuatorianas desarticularon una red criminal conformada por uniformados activos de la Policía Nacional y civiles vinculados a bandas delictivas. El grupo se dedicaba a la sustracción sistemática de pertrechos policiales desde bodegas institucionales con el propósito de venderlos de forma clandestina a peligrosas organizaciones criminales, entre ellas la banda Freddy Krueger y la Mafia 18, activas principalmente en Guayaquil.

El operativo fue ejecutado en un trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Inteligencia de la Policía, replicándose de forma simultánea en las provincias de Cotopaxi, Guayas, Pichincha e Imbabura, este jueves 3 de julio.

El modus operandi de los involucrados

Las investigaciones revelaron una estructura jerarquizada y bien organizada. Los servidores policiales implicados pertenecían a la Dirección Nacional de Logística, específicamente a las áreas encargadas de la administración de rastrillos y almacenes de armas y equipos tácticos. Utilizando su acceso privilegiado, estos funcionarios manipulaban los inventarios para sustraer de forma disimulada los pertrechos, entre los que se incluían:

• Armas de fuego reglamentarias
• Municiones de distintos calibres
• Chalecos antibalas
• Cascos tácticos
• Radios de comunicación
• Equipos de visión nocturna

Una vez que los artículos salían de los almacenes, se coordinaba su entrega clandestina a intermediarios civiles vinculados con bandas delictivas, quienes a su vez los distribuían a células operativas activas en zonas de alta conflictividad como el sur de Guayaquil y sectores periféricos del litoral.

Conexiones con las bandas Freddy Krueger y Mafia 18

Las indagaciones confirmaron que gran parte del armamento sustraído terminó en manos de las bandas Freddy Krueger y Mafia 18, ambas consideradas de alta peligrosidad y con fuertes vínculos con el narcotráfico, extorsión y sicariato. Estas organizaciones han protagonizado múltiples enfrentamientos armados contra otras bandas y fuerzas del orden, lo que convierte esta filtración de equipo policial en un factor de grave riesgo para la seguridad pública.

Según los reportes, se presume que las bandas pagaban altas sumas de dinero por el material entregado, lo que representaba un ingreso adicional ilícito para los uniformados involucrados. El cruce de datos financieros permitió detectar movimientos bancarios sospechosos y la adquisición de bienes que no corresponden con los ingresos formales de los funcionarios.

Roles identificados dentro de la estructura criminal

Durante el proceso investigativo se identificaron los siguientes roles en la red criminal:

• Funcionarios encargados de bodega: facilitaban el ingreso y egreso irregular de pertrechos, alterando registros.
• Oficiales de coordinación: planificaban el traslado y entrega a terceros.
• Civiles intermediarios: hacían contacto con los compradores finales y recibían el material.
• Financistas de bandas: gestionaban los pagos y encargos con anticipación.

Pruebas recabadas y evidencias contundentes

Los operativos de allanamiento permitieron recabar evidencias físicas y digitales que sustentan las acusaciones. Entre ellas:

• Bitácoras adulteradas en los registros logísticos.
• Conversaciones de WhatsApp y Telegram con detalles de entregas.
• Videos de cámaras de seguridad en los almacenes mostrando movimientos no autorizados.
• Transferencias bancarias desde cuentas vinculadas a organizaciones delictivas.
• Fotografías de los pertrechos en manos de integrantes de bandas.

Estas pruebas fueron clave para que la Fiscalía solicite órdenes de detención preventiva en contra de los uniformados y civiles implicados.

Reacción institucional y sanciones esperadas

La Policía Nacional del Ecuador emitió un comunicado oficial en el que manifestó su “tolerancia cero” ante cualquier acto de corrupción dentro de sus filas. Asimismo, se indicó que se ha iniciado el proceso administrativo interno correspondiente para la separación inmediata de los agentes involucrados.

Por su parte, la Fiscalía ha formulado cargos por delincuencia organizada, tráfico de armas y peculado, delitos que podrían significar hasta 25 años de prisión, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Contexto: bandas armadas y penetración institucional

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad institucional frente a redes delictivas que buscan infiltrarse en organismos del Estado para facilitar sus operaciones. La creciente violencia en el país, sumada al poder económico de las bandas narcodelictivas, ha convertido a ciertos sectores estatales en objetivos estratégicos para el reclutamiento corrupto.

Las bandas Freddy Krueger y Mafia 18 no solo buscan armamento, sino también información confidencial, rutas operativas de la Policía y protección a cambio de pagos ilícitos. Estos elementos hacen indispensable el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y una profunda depuración institucional.

Operativos en marcha y posibles capturas futuras

Las autoridades confirmaron que este primer operativo es solo el inicio de una serie de intervenciones planificadas, ya que se presume que existen más funcionarios involucrados, tanto en niveles operativos como en puestos administrativos.

Además, se está trabajando en cooperación con organismos internacionales para rastrear parte del armamento que habría salido del país hacia Colombia y Perú, donde también operan facciones aliadas de estas bandas ecuatorianas.

La urgencia de una respuesta estatal integral

Ante estos hechos, distintos sectores de la sociedad civil han exigido una respuesta más integral por parte del Estado. Se plantea la necesidad de:

• Implementar auditorías externas independientes a bodegas policiales.
• Crear una unidad élite especializada en delitos de corrupción institucional.
• Promover leyes más severas para quienes trafiquen con bienes del Estado.
• Fortalecer los sistemas de alerta temprana digital en almacenes logísticos.

Solo una combinación de acciones legales, tecnológicas y sociales permitirá recuperar la confianza ciudadana y debilitar la influencia de las bandas armadas en las instituciones públicas.

La venta ilegal de armas desde dentro de la Policía ha vuelto a ser objeto de investigación. Seis policías en servicio activo, un agente retirado y varias personas civiles fueron detenidos el 3 de julio de 2025 durante operativos simultáneos realizados en cuatro provincias. Los… pic.twitter.com/WRL2k79N7n

— Radio Forever (@925forever) July 3, 2025