Grave caso de traición institucional: Subteniente del Ejército condenado por entregar información a banda narcoarmada
Un nuevo caso de infiltración criminal dentro de las filas de las Fuerzas Armadas del Ecuador ha generado consternación nacional y alerta sobre la seguridad interna del país. El subteniente José Carvajal Z., de 27 años, fue condenado a cinco años de prisión por haber filtrado información clasificada de un operativo militar a los Comandos de la Frontera, organización criminal vinculada al narcotráfico y al asesinato de 11 militares en Orellana.
Este caso marca un preocupante precedente sobre el grado de penetración de las mafias en estructuras institucionales clave del Estado. Los hechos se desarrollaron en el marco de una serie de operativos realizados por las Fuerzas Armadas en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, los cuales pretendían neutralizar células armadas responsables de emboscadas y crímenes contra fuerzas del orden.
El operativo y la traición: cronología de los hechos
El 17 de mayo de 2025, unidades militares ejecutaron un allanamiento simultáneo en cuatro haciendas de las provincias antes mencionadas. Estos predios fueron identificados por inteligencia militar como posibles refugios de miembros de los Comandos de la Frontera. Uno de los inmuebles estaba a nombre de Kerly Álvarez, hija de Roberto Álvarez, cabecilla principal de dicha organización criminal y presunto autor intelectual del atentado en Alto Punino.
Durante la operación, se incautaron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y una caja fuerte, pero no se logró capturar a los principales objetivos. En una de las haciendas se encontró a un ciudadano colombiano que, al ser detenido, tenía en su teléfono mensajes que advertían con antelación sobre la operación militar. Esta evidencia fue clave para destapar el grave acto de filtración de información.
Investigaciones y pruebas contundentes
La información obtenida del celular del trabajador colombiano fue el punto de partida para una investigación que rápidamente apuntó al subteniente Carvajal, perteneciente al Batallón de Infantería de la Brigada Pichincha, quien había sido asignado temporalmente a apoyar las operaciones en Los Ríos.
Tras un análisis exhaustivo de registros de comunicación, ubicación y testigos, se determinó que el joven oficial había revelado detalles operativos sensibles, entre ellos la fecha, hora y coordenadas del despliegue, a integrantes del grupo narcoarmado, poniendo en peligro la vida de sus propios compañeros y permitiendo la fuga de los criminales.
Con apenas cuatro años de servicio en las Fuerzas Armadas, Carvajal traicionó el juramento militar y quebrantó las normas más elementales de seguridad nacional, en un acto considerado como colaboración con estructuras criminales en detrimento de la soberanía ecuatoriana.
Sentencia firme: cinco años de cárcel por atentar contra la seguridad operativa del Estado
El Tribunal Penal de Quevedo, tras un proceso que incluyó peritajes técnicos, informes de inteligencia militar, análisis de conversaciones cifradas y pruebas digitales, resolvió sentenciar al subteniente por el delito de atentar contra la seguridad de las operaciones militares o policiales, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La pena impuesta fue de cinco años de privación de libertad, la máxima prevista por la figura imputada. En su fallo, el tribunal enfatizó la gravedad del daño institucional causado, además de destacar que esta colaboración criminal tuvo consecuencias trágicas y directas, al facilitar la evasión de peligrosos actores delictivos.
Comandos de la Frontera: una amenaza creciente con redes en Ecuador
Los Comandos de la Frontera son una organización delictiva transnacional de origen colombiano, considerada una disidencia de las FARC, con operaciones activas en la frontera norte ecuatoriana. Están involucrados en narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y asesinatos selectivos. Su consolidación en Ecuador ha sido acelerada por la débil presencia estatal en zonas estratégicas y la colaboración de ciertos actores locales, incluidos funcionarios corrompidos o infiltrados.
El nombre de Roberto Álvarez ha aparecido recurrentemente en investigaciones por su rol como jefe logístico y operativo de esta estructura, y su hija figura como testaferro en propiedades que habrían servido de refugio logístico y financiero para las actividades de la banda.
La emboscada del 9 de mayo en Alto Punino, Orellana, en la que 11 militares ecuatorianos perdieron la vida, es atribuida a este grupo, lo cual eleva el nivel de peligrosidad del caso y explica la prioridad nacional que se ha dado a la desarticulación de sus células.
Fuerzas Armadas bajo escrutinio: retos en control interno y depuración institucional
El caso del subteniente Carvajal reaviva el debate sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad, un fenómeno que afecta no solo a Ecuador, sino a varias naciones latinoamericanas. La confianza pública en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puede verse severamente afectada cuando se detectan vínculos de este tipo.
El Ministerio de Defensa ha anunciado una revisión interna exhaustiva de los procedimientos de selección, ascensos y monitoreo del personal, con el objetivo de prevenir futuras filtraciones y fortalecer los controles sobre la integridad del personal militar.
Implicaciones políticas y sociales del caso
La sentencia contra un miembro activo del Ejército por colaborar con un grupo armado ha tenido un impacto mediático y político considerable. Diversos sectores han exigido mayor transparencia, reformas en inteligencia militar y una respuesta contundente del Estado ante la amenaza creciente del crimen transnacional.
Mientras tanto, el presidente de la República ha reiterado su compromiso con una guerra frontal contra el narcoterrorismo, asegurando que no habrá impunidad ni tolerancia para quienes, desde dentro de las instituciones, atenten contra la paz y seguridad del Ecuador.
José C. Z., un subteniente de 27 años del Ejército, fue sentenciado a cinco años de cárcel por filtrar información de operaciones militares a delincuentes. La sentencia se dictó hoy en la Casa Judicial de Quevedo. El militar fue descubierto pasando datos a Kerly Dayani Á., hija… pic.twitter.com/nGvttZYduQ
— Radio Forever (@925forever) July 3, 2025
