La reciente Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 25 de junio de 2025, marca un antes y un después en la legislación ecuatoriana, al establecer reformas de alto impacto en materia de gestión pública, transparencia, seguridad y justicia penal juvenil. Con 84 votos afirmativos, esta normativa de carácter económico-urgente enviada por el Ejecutivo busca restaurar la ética, el orden y la eficacia en el manejo del Estado, enfrentando de forma directa las amenazas que representa el crimen organizado, especialmente en sectores vulnerables como la niñez y adolescencia.
Ejes fundamentales de la Ley de Integridad Pública
La Ley de Integridad Pública gira en torno a cuatro grandes ejes estratégicos, diseñados para reforzar la estructura institucional y contener los efectos del conflicto armado interno y la infiltración de redes criminales en el aparato estatal:
- Contratación pública transparente y eficiente
- Fortalecimiento institucional del sector público
- Gestión pública integral y regulada
- Erradicación de redes delictivas y protección a menores
Reformas severas: endurecimiento de penas contra menores
Uno de los apartados más controvertidos y mediáticos de la ley es la modificación sustancial al Código de la Niñez y Adolescencia, endureciendo significativamente las penas para menores de edad involucrados en delitos de alto impacto.
Menores como actores del crimen organizado
La normativa establece que los adolescentes que participen en crímenes como sicariato, asesinato o pertenencia a grupos armados organizados, podrán enfrentar penas de hasta 15 años de privación de libertad. Esta disposición busca romper con el uso sistemático de menores por parte de mafias, que tradicionalmente los emplean como ejecutores ante la laxitud del sistema penal juvenil.
Medidas de internamiento institucional prolongadas
Para los delitos cuya pena supere los 10 años, la ley dispone una medida de internamiento institucional entre 10 y 12 años, eliminando cualquier posibilidad de sustituir dicha sanción por otras medidas socioeducativas menos restrictivas. Es decir, no se aplicará libertad asistida, semilibertad ni otro mecanismo atenuante, consolidando así una política de tolerancia cero ante los crímenes cometidos por menores en contextos violentos.
Expulsión y prohibición de retorno de ciudadanos extranjeros
Otra disposición clave dentro de la ley es la sanción de expulsión inmediata y prohibición de reingreso al territorio ecuatoriano para ciudadanos extranjeros vinculados con actos delictivos. Esta medida pretende reducir la carga del sistema carcelario y judicial nacional, al mismo tiempo que refuerza la soberanía del Estado sobre su territorio y sus políticas migratorias.
Deportación en contexto de conflicto armado interno
En situaciones relacionadas con el conflicto armado interno que actualmente enfrenta Ecuador, se ha aprobado la deportación de extranjeros cuya presencia represente una amenaza a la seguridad pública. Esta medida se aplicará también en casos donde haya vínculos con grupos armados irregulares o actividades de terrorismo.
Cambios en la arquitectura financiera del Estado
Gracias a una moción presentada por el asambleísta Andrés Castillo, la ley también incluye reformas en el ámbito económico:
- Revisión y publicación del balance general del Banco Central del Ecuador, promoviendo mayor transparencia financiera.
- Redefinición del proceso de designación de miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, asegurando criterios de meritocracia y neutralidad técnica.
Lucha frontal contra las redes criminales dentro del Estado
La Ley de Integridad Pública establece herramientas jurídicas y administrativas para desarticular redes delictivas que operan desde y hacia el sector público. Con el objetivo de cerrar espacios a la corrupción y al clientelismo político, se han fijado criterios más rigurosos para la contratación pública, con énfasis en:
- Auditorías preventivas
- Sistemas electrónicos integrados
- Interoperabilidad entre instituciones de control
- Inhabilitación de funcionarios vinculados con actos de corrupción
Impacto en la gestión pública y prevención de la corrupción
La normativa refuerza los mecanismos de control interno y externo en instituciones públicas, promoviendo la rendición de cuentas, la transparencia en la toma de decisiones y la responsabilidad administrativa.
Entre los mecanismos más destacados se incluyen:
- Registro único de contratistas del Estado
- Plataforma nacional de trazabilidad de compras públicas
- Obligación de declaración patrimonial digital para servidores públicos
- Limitaciones al nepotismo y la contratación de allegados
Reacciones ante la aprobación de la ley
Diversos sectores han aplaudido el enfoque contundente de la ley, especialmente en lo referente a la protección de la niñez frente al crimen organizado y la deportación de extranjeros involucrados en actividades ilícitas. No obstante, también ha generado debates sobre los límites de la justicia penal juvenil y el riesgo de vulnerar derechos fundamentales.
Organizaciones internacionales y defensorías de derechos humanos han solicitado al Estado monitorear cuidadosamente la implementación de estas reformas, asegurando que no se vulneren garantías procesales ni principios de rehabilitación de adolescentes infractores.
A partir de hoy, 26 de junio de 2025, entró en vigencia la Ley de Integridad Pública, una normativa clave que permitirá juzgar a menores de edad con penas de hasta 15 años por la comisión de delitos graves. Esta ley, que reforma el Código de la Niñez y Adolescencia, fue publicada… pic.twitter.com/JT6OUBEVeS
— Radio Forever (@925forever) June 27, 2025
