Grave caso de secuestro extorsivo involucra a policías en servicio activo
En un hecho que ha conmocionado a la ciudadanía de Guayaquil, la Fiscalía investiga a cinco policías por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo, un delito de extrema gravedad tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este incidente se suma a una serie de denuncias recientes que han puesto en duda la conducta de ciertos agentes policiales en el país.
La denuncia: un ciudadano retenido por cinco horas
La víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva por seguridad, fue interceptada a la salida de un restaurante por seis individuos que se identificaron como policías. El suceso ocurrió en Guayaquil, cuando los presuntos agentes lo abordaron a bordo de una camioneta sin placas. Bajo el pretexto de irregularidades en los documentos del vehículo, lo obligaron a acompañarlos a las instalaciones de la Policía Judicial (PJ), sin una orden legal.
Durante las cinco horas de retención, el ciudadano fue despojado de su teléfono celular, llaves del vehículo y documentos personales, según la denuncia presentada. En ese lapso, denunció haber sido agredido físicamente mientras los implicados le exigían el pago de 4.000 dólares para su liberación.
Amenazas y presión para obtener el dinero
De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía, los policías implicados amenazaron con inculpar a la víctima por delitos como porte de armas o posesión de sustancias ilícitas, con el fin de presionarlo para que accediera a sus exigencias económicas. Incluso se descubrió que los agentes enviaron mensajes a la conviviente de la víctima para exigir el dinero, lo que agrava aún más el caso.
Ante la negativa de la pareja de realizar el pago y su posterior denuncia, los implicados decidieron liberar a la víctima, no sin antes advertirle que sufriría represalias si reportaba el hecho a las autoridades.
Captura inmediata de los cinco policías implicados
Horas después de la denuncia, la Unidad de Conducta Policial, en coordinación con la Fiscalía, ejecutó la detención de los cinco agentes en Guayaquil. El procedimiento se llevó a cabo de manera inmediata y los sospechosos fueron puestos a disposición de la justicia.
Durante la audiencia de flagrancia, la Fiscalía presentó múltiples elementos de convicción: el parte informativo, la denuncia formal de la víctima, videos de cámaras de seguridad y otros documentos claves para el proceso penal. Con base en estas pruebas, el juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para tres de los policías implicados, mientras que los otros dos recibieron medidas sustitutivas debido a su estado de salud.
Medidas judiciales y el peso del COIP
Los dos agentes que no fueron privados de libertad deben cumplir con prohibición de salida del país y presentarse periódicamente ante la Fiscalía, de acuerdo con las medidas cautelares dictadas. Según el artículo 162 del COIP, el delito de secuestro extorsivo puede ser sancionado con penas de 13 a 16 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes o atenuantes del caso.
Este tipo de delitos, cuando son cometidos por funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, adquieren una gravedad adicional, ya que no solo afectan a la víctima directa, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Un patrón que preocupa: segundo caso en el mismo mes
Este no es un hecho aislado. La semana anterior, también en Guayaquil, un conductor denunció haber sido retenido por policías durante un supuesto operativo de control en la avenida de Las Américas. Fue trasladado a una unidad policial en La Garzota, donde según su declaración le sustrajeron 14.000 dólares que transportaba en su vehículo. La Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre este caso, lo que refleja un preocupante patrón de conducta indebida por parte de miembros de la fuerza pública.
Estos episodios generan una creciente sensación de inseguridad y vulnerabilidad entre los ciudadanos, quienes deberían contar con la policía como su primera línea de protección, no como una fuente de amenazas.
La respuesta institucional: firmeza y transparencia
La Fiscalía ha manifestado su compromiso irrestricto con la justicia y la legalidad, indicando que ningún funcionario público está por encima de la ley. El proceso penal contra estos agentes será llevado con total transparencia, garantizando el debido proceso, pero sin tolerar ningún tipo de impunidad.
Desde el Ministerio del Interior, se ha señalado que se tomarán acciones disciplinarias paralelas para que los policías implicados enfrenten no solo consecuencias penales, sino también sanciones administrativas que podrían derivar en su separación definitiva de la institución.
Repercusiones sociales y exigencias ciudadanas
La ciudadanía ha reaccionado con profunda indignación ante estos hechos. Organizaciones de derechos humanos, colectivos ciudadanos y líderes de opinión han exigido una reforma estructural dentro de la Policía Nacional, que permita erradicar estas prácticas y establecer mecanismos eficaces de control interno y rendición de cuentas.
El uso de la fuerza pública debe estar regido por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y cualquier desviación debe ser sancionada con el máximo rigor posible. La impunidad solo fomenta la repetición de estos delitos, por lo que la actuación firme de la Fiscalía en este caso representa un paso importante hacia la recuperación de la confianza institucional.
En #Guayaquil, cinco policías enfrentan un proceso penal por el presunto delito de #secuestro extorsivo, tras la denuncia de un ciudadano que fue interceptado por agentes en una camioneta sin placas.
— Radio Forever (@925forever) April 29, 2025
La víctima fue llevada a la #Policía Judicial, donde, según su versión, fue… pic.twitter.com/6NUUGRr8uW
