El caso por el asesinato de Martha Solís, ocurrido en el sector Sauces 9, en el norte de Guayaquil, sigue generando nuevas acciones judiciales. La defensa de la familia de la víctima solicitó formalmente que se investigue a un nuevo sospechoso, un hombre que habría estado en el departamento donde se halló el cuerpo descuartizado de la mujer, y ratificó su pedido de pena máxima de 40 años de prisión para Andreína L., hija de la víctima y principal procesada.

Martha Solís, de 47 años, fue reportada como desaparecida durante varios días hasta que, el 16 de octubre, sus restos fueron encontrados dentro del inmueble que compartía con su hija. El cuerpo estaba desmembrado y distribuido en una lavadora y recipientes, lo que evidenció un intento de ocultamiento. Tras el hallazgo, Andreína L. fue detenida y posteriormente llamada a juicio por el delito de asesinato.

El abogado de la familia, Jorge Llivisaca Plaza, cuestionó la actuación inicial de la Policía, señalando que durante la investigación por desaparición no se realizó una inspección al interior del departamento. Según explicó, los agentes se limitaron a revisar cámaras exteriores basándose únicamente en las declaraciones de la procesada, lo que habría retrasado el descubrimiento del crimen y la recolección temprana de indicios clave.

Con el avance de las indagaciones, surgió la figura de un segundo sospechoso, un hombre que habría mantenido una relación sentimental con Andreína L. De acuerdo con información policial, esta persona estuvo en el departamento un día antes de que se encontraran los restos de la víctima. Además, en el teléfono celular de la procesada se hallaron fotografías íntimas de ambos dentro del inmueble.

La defensa de la familia sostiene que resulta improbable que alguien haya permanecido en el lugar sin percatarse de los indicios del crimen, como el olor evidente que, según el abogado, ya existía. Debido a que la instrucción fiscal ya fue cerrada, se solicitó a la Fiscalía que abra una indagación previa paralela para determinar el grado de participación del nuevo sospechoso.

En cuanto a Andreína L., la acusación particular considera que existen agravantes suficientes —como el parentesco, el ocultamiento del cuerpo y la conducta posterior al hecho— para que los jueces impongan la pena máxima prevista en la ley. La audiencia de juicio está prevista para el 3 de febrero, con la comparecencia de policías, peritos, médicos y familiares como testigos.