El asesinato del futbolista Mario Pineida Martínez y de Guisella Fernández Ramírez, ocurrido el 17 de diciembre de 2025 en una zona comercial de Samanes 4, al norte de Guayaquil, continúa generando fuertes cuestionamientos dentro del proceso judicial. El caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, mientras la familia de la joven peruana solicita que el delito sea recalificado como sicariato y que se amplíen las vinculaciones a más personas presuntamente involucradas.

La defensa técnica de la madre de Guisella Fernández, Mirta Ramírez, sostiene que el crimen no puede limitarse a la figura de asesinato ni a solo dos procesados. Según los elementos recabados durante la investigación, existirían indicios de planificación previa, pagos bancarios y una división clara de roles, características propias del delito de sicariato.

Actualmente, existen dos personas detenidas y procesadas en flagrancia. Se trata de Cristian P., señalado como quien habría realizado el seguimiento a las víctimas en motocicleta, y Jimnery P., acusada de haber efectuado pagos a través de una cuenta bancaria de su madre para financiar dicho seguimiento. Para la defensa, estas acciones evidencian que el crimen fue ejecutado por encargo y no de manera espontánea.

El abogado Tobías Guzmán, representante legal de la familia de Fernández, explicó que el sicariato se configura cuando existe un pago, recompensa o promesa para cometer un homicidio, ya sea de forma directa o mediante terceros. En este caso, constan transferencias bancarias, reportes de seguimiento previo y la posible participación de varias personas con funciones específicas.

En ese contexto, la Fiscalía General del Estado ha solicitado la vinculación de Yohervy M., ciudadano venezolano, a quien se atribuye la supuesta gestión de pagos relacionados con el crimen. La audiencia de vinculación fue convocada para el 20 de enero. Además, la defensa ha pedido que se investigue a otras personas que habrían participado en transferencias de dinero, facilitación de vehículos y uso de motocicletas durante el atentado.

La Policía Nacional logró la detención inicial gracias a la flagrancia y al uso de sistemas de videovigilancia, mientras que el Departamento de Criminalística continúa recopilando indicios clave. La defensa también ha descartado que Guisella Fernández haya recibido amenazas previas, señalando que llevaba una vida tranquila y sin conflictos conocidos, por lo que el móvil del crimen sigue siendo materia de investigación judicial.