El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia de primera instancia dictada por el juez Fernando Muñoz , y la destitución de Yadira Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, y Vielka Párraga, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), cercanos al correísmo, quedó en firme.
Los consejeros también fueron sancionados con el pago de una multa de 70 (31.500 dólares) salarios básicos unificados, y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
Vielka Párraga, vocal suplente también fue sancionada con la exclusión del listado de dignidades como consejeros y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
En su proyecto se sentencia que tuvo el respaldo de los jueces Ivonne Coloma, Joaquín Viteri, y Ana Abril, el juez Guillermo Ortega, cuestionó que los denunciados hayan dilatado el proceso (con la presentación de recursos de apelación y recusaciones a jueces), y se dispuso a enviar el expediente al Consejo de la Judicatura para que se determine si se configuró conductas temerarias.
En junio de 2024, los activistas Pamela Troya y Santiago Becdach, excandidatos al Cpccs, denunciaron a los vocales del organismo en el TCE por una infracción electoral muy grave tras haber sido promocionados por el movimiento Revolución Ciudadana para ocupar una vocalía en el Cpccs en las elecciones de febrero de 2023
Según Troya y Becdach, los consejeros cercanos al correísmo, incumplieron la Ley Orgánica del Cpccs dispone que los candidatos a ocupar una vocalía en el Consejo Ciudadano no pueden pertenecer, ni ser auspiciados o promovidos por partidos u organizaciones políticas.
