Los contratos colectivos del sector público están en la mira del Gobierno por un uso “abusivo” de las finanzas estatales, así como el aprovechamiento de acciones de protección y la sede administrativa del Ministerio del Trabajo que no está determinada en la ley, para que este ministerio determine que hay finanzas para el tópico de los contratos colectivos.
Lo que ha permitido a las cuatro empresas públicas involucradas: Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador, gozar de beneficios muy altos en sectores que actualmente se encuentran en crisis, como el eléctrico.
A las 08:00 de este lunes, 1 de julio, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, entregó en la Contraloría General del Estado la petición de exámenes especiales a los cuatro contratos colectivos de las empresas públicas, los cuales se encuentran en el debate público pues se considera que existe un abuso de las finanzas públicas y beneficios excesivos para los trabajadores.
El Ministerio del Trabajo solicita la nulidad por incumplimiento de normas constitucionales, mandatos constituyentes y normas legales del Ordenamiento Jurídico Nacional, dentro de los contratos colectivos del sector público.
En ese sentido, tras la revisión exhaustiva por parte de este ministerio, Núñez pidió al contralor Mauricio Torres que ejerza el control que la ley le faculta y determine las responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal de ser el caso.
Asimismo, Núñez indicó que dichos contratos colectivos infringen el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al no tener el dictamen obligatorio y vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas para sostener económicamente el cumplimiento de los contratos colectivos.
En el caso de CNT, usaron una vía administrativa dentro del Ministerio del Trabajo a través del Tribunal de Mediación y Arbitraje, posteriormente al Tribunal de Arbitraje y Conciliación, en el cantón Rocafuerte, en Manabí, para conseguir una resolución favorable que evade o excluye el dictamen del artículo señalado, aseguró Núñez.
Además, el traslado de trabajadores amparados bajo la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) al régimen del Código del Trabajo, sin un estudio previo del Ministerio del Trabajo, lo cual lograron a través de la vía constitucional.
Asimismo, en el contrato colectivo de CNEL que entró en vigencia en el 2021 por un fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el cantón Puebloviejo, se trasladó a más de 1.500 trabajadores con el efecto retroactivo del primer contrato colectivo. En cambio, los trabajadores aseguran que las autoridades no quisieron negociarlo. Ese contrato está ahora prorrogado.
Con Celec, la ministra del Trabajo explicó que se evitó el fallo en el tribunal tras la comparecencia que ejecutó este ministerio en marzo, a través de los sustentos legales. En ese sentido, según el Ministerio del Trabajo, se impidió que con ese traslado hubiera una erogación de $ 200 millones.
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Fuente: El Universo
