La noche del 10 de junio de 2024, la fiscal Diana Salazar elevó un impulso sobre el caso Nene. La funcionaria solicitó a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fijar día y hora para la audiencia de vinculación en contra de Verónica Abad y Daniel Redrován, su asesor.
Inicialmente, el caso Nene se sustanció por presunta oferta para realizar tráfico de influencias. Fue detenido y procesado Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad.
Sin embargo, el 10 de junio, Carlos Alarcón -agente fiscal que estuvo a cargo del caso- se inhibió de seguir tramitándolo. El investigador explicó que en la instrucción fiscal se encontraron indicios que supondrían la vinculación de Abad a la trama de corrupción.
Por esta razón, el caso Nene recayó el despacho de Salazar. Su decisión fue cambiar el delito a concusión. Y también vincular a la indagación -que tendrá 30 días más- a Abad y Redrován, que es su asesor.
Según la teoría del caso, Redrován y Barreiro se reunieron con Rommel P., quien es el denunciante. Le ofrecieron un puesto jerárquico superior en la Vicepresidencia. Pero, a cambio, le pidieron que entregara un porcentaje de su sueldo.
Uno de los indicios que sustenta la decisión de vincular a Abad es la versión del excoordinador General de la Vicepresidencia. El exfuncionarios declaró que fue la propia Vicepresidenta quien dispuso la contratación de Rommel P.
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