La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) informó este 19 de noviembre de 2024 sobre la extinción del título habilitante de la empresa Cable Andino S.A, proveedor de Telconet. La decisión se tomó tras identificar “irregularidades” en su adjudicación.
Las supuestas irregularidades fueron identificadas tras nueve años de entregado el permiso. El título habilitante fue otorgado el 30 de junio de 2015 y es el principal instrumento legal para la operación de sus servicios.
Entre las anomalías detectadas por la Arcotel están:
- La ausencia de la garantía de fiel cumplimiento,
- Seguro para todo riesgo,
- La ausencia de una viabilidad financiera para el inicio de su operación, y,
- La existencia de un examen especial con conclusiones por parte de la Contraloría General del Estado.
Mediante la Resolución Nro. Arcotel-2024-0269, la agencia resolvió de manera unilateral extinguir el título habilitante de forma inmediata. En un comunicado oficial, la Arcotel aseguró que se tomarán medidas enmarcadas en la normativa vigente para garantizar la continuidad del servicio.
Los abonados de Cable Andino S.A seguirán recibiendo el servicio durante el periodo legal establecido para la reversión de bienes, estimado en aproximadamente un año.
Por su parte, Cable Andino calificó la resolución como “ilegal e ilegítima”, argumentando que no se les permitió ejercer su derecho a la defensa. Según la empresa, esta decisión pone en riesgo el servicio de Internet en Ecuador, ya que implica la eventual administración estatal de un cable submarino, actividad que, a su parecer, requiere experiencia técnica especializada.
La compañía anunció que recurrirá a las instancias legales necesarias para proteger los derechos de sus clientes y garantizar la calidad del servicio, mientras cuestionó las motivaciones políticas detrás de la medida.
Reacciones en la Asamblea
La asambleísta Valentina Centeno, de la bancada de ADN, expresó su respaldo a las decisiones tomadas por Arcotel en relación con los contratistas incumplidos. Según Centeno, la prioridad debe ser garantizar la continuidad del servicio de internet para tranquilidad de los ciudadanos. Además, destacó que las sanciones aplicadas a contratistas que hayan incurrido en irregularidades deben estar dentro del marco legal.
Centeno confirmó que el contrato de concesión con la empresa afectada está terminado, según lo establecido en un comunicado oficial. Sin embargo, aclaró que el proceso de cierre tomará aproximadamente un año.
Durante este tiempo, la bancada de ADN tiene previsto realizar reuniones con las autoridades para fortalecer la fiscalización y el control político. “Es fundamental garantizar que todas las acciones se ajusten a la ley y protejan los intereses de los ecuatorianos”, enfatizó la asambleísta.
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