La Fiscalía solicitó este jueves que el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, sea condenado por la Justicia por delincuencia organizada, como presunto líder de una trama de corrupción que operó en empresas públicas durante la administración del conservador mandatario.
En su alegato de cierre del juicio, el Ministerio Público ecuatoriano solicitó también una reparación integral por parte de Carrera de más de 682.000 dólares.
El mismo requerimiento en condena e indemnización hizo la Fiscalía contra Antonio Icaza, exgerente de la estatal Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), al señalarlo como colaborador de la trama de corrupción, mientras que el proceso permanece contra los otros cuatro acusados por este caso al encontrarse prófugos.
Según la Fiscalía, durante el juicio que comenzó el lunes se pudo concluir que «los procesados actuaron con pleno conocimiento de la ejecución del ilícito y que cada uno desempeñó un rol específico, como líder y colaborador, respectivamente».
«La prueba practicada evidenció la existencia de una planificación y coordinación entre Danilo Carrera y Rubén Chérres, y que Antonio Icaza participó en esa estructura criminal, con el objetivo de obtener beneficios para los líderes del grupo», sostuvo el Ministerio Público.
Para la Fiscalía, entre 2021 y 2023 se instauró una presunta red de corrupción liderada por Carrera y Chérres, otro empresario contra quien el proceso penal se extinguió al ser asesinado en un cuádruple crimen en marzo de 2023, poco después de que se revelase su implicación en esta trama y sus vínculos con el líder en Ecuador de la mafia albanesa, Dritan Gjika, dedicada principalmente al narcotráfico.
«Los líderes se habrían valido de la designación de Hernán Luque en la dirección de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) para nombrar a Antonio Icaza como gerente general de Cnel, quien habría participado en el direccionamiento de contratos en el sector eléctrico», según siempre el Ministerio Público.
Luque se encuentra actualmente detenido en Argentina, pendiente del proceso de extradición solicitado por la Justicia ecuatoriana para ser juzgado por este caso.
Ministerio Público apuntó también que «los líderes de la presunta organización, además, habrían operado en otras empresas públicas como (el banco) BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas, colocando allegados a cargos directivos para obtener contratos».
El empresario se encuentra bajo arresto domiciliario al tener más de 65 años, lo que le exime de ir a prisión preventiva.
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