Condenar a Adolescentes Infractores como Adultos

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Condenar a Adolescentes Infractores como Adultos

Una iniciativa controversial del legislador Andrés Castillo (ADN)

El 10 de junio de 2025, el asambleísta Andrés Castillo, miembro de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una propuesta legislativa que ha encendido el debate nacional: procesar penalmente a los adolescentes infractores con las mismas penas que los adultos, en casos de delitos graves. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la participación de menores de edad en actividades delictivas vinculadas a bandas criminales.

El sistema actual y sus limitaciones legales

En Ecuador, la legislación vigente establece que la pena máxima para un menor de edad infractor es de ocho años, incluso si ha cometido delitos graves como homicidio, sicariato o violación. Esta norma responde a los principios de protección especial del menor y de reinserción social. Sin embargo, para Castillo, esta realidad ha sido aprovechada por las bandas criminales para utilizar a menores como instrumentos del delito, reclutándolos para ejecutar acciones violentas debido a su inimputabilidad relativa.

¿Qué plantea la nueva propuesta?

La propuesta del legislador no elimina el régimen de adolescentes infractores, sino que propone una reforma para ampliar las penas en casos de delitos graves. Así, un menor que participe, por ejemplo, en un asesinato, podría recibir penas superiores a los 20 años. La pena se iniciaría en un centro especializado para adolescentes, pero una vez alcanzada la mayoría de edad, el joven sería trasladado a un centro penitenciario común, para cumplir el resto de su condena.

Castillo justifica esta propuesta afirmando que la actual impunidad fomenta la utilización sistemática de menores por parte de bandas criminales. Al endurecer las penas, se busca reducir su reclutamiento y participación activa en organizaciones delictivas.

Datos alarmantes: delincuencia juvenil en cifras

Las cifras que acompañan a la propuesta son contundentes. Solo en lo que va del 2025, 1.179 menores de edad han sido detenidos por participar en actividades delictivas. En todo el año 2024, esta cifra alcanzó los 2.277 adolescentes, de los cuales 73 fueron aprehendidos por delitos contra la vida. Estos datos reflejan una alarmante tendencia al alza en la participación de menores en delitos graves, una situación que ha generado preocupación en diversos sectores sociales y políticos.

¿Qué beneficios contempla la propuesta para los menores infractores?

Uno de los elementos que introduce la propuesta de Castillo es la posibilidad de reducir la pena en caso de colaboración con las autoridades judiciales. Si el adolescente aporta información relevante sobre sus reclutadores o la estructura criminal que lo utilizó, su condena podría verse reducida. Este mecanismo busca incentivar la cooperación con la justicia y, al mismo tiempo, desarticular las redes criminales que operan reclutando menores.

Reacciones divididas en la opinión pública y en el ámbito jurídico

La propuesta ha generado una división de opiniones. Por un lado, sectores que respaldan la seguridad ciudadana consideran que es necesario aplicar medidas más severas para frenar la escalada de violencia y delincuencia juvenil. Para ellos, la justicia debe ser proporcional al daño causado, sin importar la edad del infractor.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y juristas han advertido que esta medida puede violar principios fundamentales de protección a la infancia y adolescencia, establecidos tanto en la Constitución ecuatoriana como en tratados internacionales suscritos por el país. Alegan que los adolescentes deben ser juzgados de acuerdo a su desarrollo psicosocial, y que el enfoque punitivo no garantiza una reinserción social efectiva.

Proceso legislativo: una ley con carácter urgente

Castillo ha indicado que su iniciativa será presentada como parte del proyecto de ley económica urgente para la Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, remitido por el presidente Daniel Noboa. El documento será enviado a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional el mismo 10 de junio, lo que otorga a la propuesta un trámite acelerado dentro del Legislativo.

Este tipo de leyes urgentes deben ser debatidas y aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de 30 días, lo cual podría significar que la propuesta sea tramitada y votada en cuestión de semanas.

Comparativa regional: ¿qué sucede en otros países?

En América Latina, la tendencia hacia el endurecimiento de penas para adolescentes infractores ha sido abordada de manera diversa. Países como Brasil, México y Colombia han implementado medidas similares, aunque con distintas modalidades. En algunos casos, se han ampliado los años de pena en centros juveniles, mientras que en otros se ha permitido el traslado a cárceles comunes a partir de cierta edad.

No obstante, organismos como UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación frente a estas reformas, argumentando que las políticas punitivas no han reducido la violencia juvenil, y que es necesario fortalecer las políticas de prevención, educación y reintegración social.

¿Solución o retroceso? Un debate que requiere profundidad

El tema de la responsabilidad penal de los adolescentes infractores es complejo y requiere de un enfoque integral y multidisciplinario. Si bien la propuesta de Andrés Castillo responde a una necesidad legítima de combatir el crimen organizado, también plantea riesgos considerables en términos de derechos humanos y principios constitucionales.

Es fundamental que el debate no se centre únicamente en la pena, sino en cómo el Estado puede prevenir que los adolescentes lleguen a ser parte de estructuras delictivas. Esto implica invertir en educación, oportunidades laborales, entornos familiares seguros y atención psicológica adecuada.