Desde el primer día que fue detenido en Argentina por agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) Hernán Luque, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y procesado en el caso Encuentro, trascendió que inmediatamente abogados argentinos trabajarían para evitar que se concrete la extradición del exfuncionario a territorio ecuatoriano, donde es procesado por el delito de delincuencia organizada.
Luque, quien es considerado pieza clave dentro de una trama en la que se habían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador, fue detenido con fines de extradición mientras caminaba por Buenos Aires, Argentina, el 8 de febrero pasado.
El 15 de febrero siguiente, luego que el juez anticorrupción Renán Andrade, a cargo del caso Encuentro, solicitó formalmente la extradición e incluyó la información respectiva sobre el procesamiento penal de Luque y la orden de prisión preventiva que existe sobre él, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, entregó a la Cancillería ecuatoriana el pedido que debía ser remitido a las autoridades de Argentina no solo para que se dé la extradición del expresidente de la EMCO, sino para que él se mantenga detenido mientras se realiza el trámite.
