Graves cuestionamientos a los contratos municipales para hospitales en Cuenca
El asambleísta por la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, ha encendido las alarmas en el país al presentar una denuncia formal ante la Contraloría General del Estado sobre una serie de presuntas irregularidades en la adjudicación de tres contratos municipales en Cuenca, valorados en más de 21 millones de dólares.
Estos contratos, destinados a la construcción de hospitales municipales, fueron adjudicados bajo un proceso de contratación internacional que, según la denuncia, careció de transparencia, competencia y planificación técnica.
Concentración de contratos en una sola empresa contratista
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Castro es que los tres contratos fueron otorgados a la misma empresa, lo cual contradice el principio de pluralidad de oferentes. A pesar de tratarse de una convocatoria internacional, solo una oferta fue habilitada, lo que pone en tela de juicio la naturaleza competitiva del proceso.
Además, las comisiones técnicas evaluadoras estuvieron integradas por los mismos funcionarios en todos los casos, lo que siembra serias dudas sobre la imparcialidad y objetividad en la selección de la empresa contratista.
«El principio de libre competencia fue completamente vulnerado. No puede hablarse de transparencia cuando se da paso únicamente a una empresa, ignorando otras posibles ofertas nacionales o internacionales que pudieron haber garantizado mejores condiciones para Cuenca», expresó el asambleísta en su comparecencia.
Legalidad en disputa: el rol de la CAF y la ley ecuatoriana
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ha defendido la legalidad de la contratación amparándose en que los fondos provienen del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por lo tanto, según su interpretación, no se aplicaría la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
Sin embargo, Castro ha refutado con firmeza este argumento. De acuerdo con su análisis, el convenio con la CAF exige de forma expresa el cumplimiento de la normativa vigente en el país, lo que implicaría que la contratación debe regirse bajo las leyes ecuatorianas.
«No se puede argumentar que el financiamiento externo elimina las responsabilidades legales locales. El convenio con la CAF exige cumplimiento de la ley ecuatoriana y este principio ha sido ignorado», afirmó Castro durante su intervención ante los medios.
Falta de planificación en la gestión hospitalaria
Más allá del proceso de adjudicación, Adrián Castro también hizo énfasis en la falta de planificación para la gestión operativa de los hospitales que se construirán. Hasta la fecha, según el legislador, no existe un modelo de gestión claro, ni se ha definido quién administrará los hospitales, con qué presupuesto o bajo qué tipo de atención médica se operarán.
“Estamos hablando de una inversión de más de 21 millones de dólares sin saber quién va a operar los hospitales, cómo se garantizará el personal médico ni qué modelo de salud se implementará. Es inadmisible comprometer recursos públicos sin un plan técnico viable», manifestó Castro.
Empresa contratista bajo sospecha: vínculos con otros conflictos legales
Otro dato alarmante revelado por el legislador es que la empresa contratista adjudicataria de los tres proyectos hospitalarios es la misma que intentó detener por vía judicial la construcción del distribuidor vial del IESS, una obra estratégica del Gobierno Nacional en la vía Cuenca–Azogues.
Este antecedente pone bajo la lupa el historial de la empresa y genera serias inquietudes sobre la ética y responsabilidad de la misma, considerando que ahora tiene a su cargo proyectos tan sensibles como los de salud pública.
Transparencia vs. urgencia: ¿una falsa dicotomía?
Adrián Castro ha dejado en claro que su intención no es frenar la construcción de hospitales, sino garantizar que se respete el uso del dinero público y que los procesos se lleven con justicia y transparencia. Asegura que Cuenca merece hospitales, pero no a costa de atropellar principios legales ni de comprometer la eficiencia y sostenibilidad futura del sistema de salud.
“Esta denuncia no es un acto político. Es un acto de defensa del interés ciudadano. No se puede justificar la urgencia de construir hospitales pasando por encima de la ley y de los principios de contratación justa. La ciudad merece servicios médicos de calidad, pero también merece respeto al dinero de todos los ecuatorianos”, puntualizó.
La Contraloría General del Estado asumirá la investigación
A partir de la denuncia interpuesta, ahora corresponde a la Contraloría General del Estado revisar toda la documentación relacionada con los procesos de contratación. El organismo deberá determinar si existió o no responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios municipales involucrados y si se vulneraron los procedimientos que garantizan una contratación pública transparente, plural y técnica.
La revisión incluirá los siguientes aspectos clave:
- Composición de las comisiones técnicas evaluadoras.
- Publicación y socialización de los pliegos contractuales.
- Análisis de las condiciones de elegibilidad que inhabilitaron a otras empresas.
- Cumplimiento del marco legal ecuatoriano conforme al convenio con la CAF.
- Historial y perfil técnico de la empresa adjudicataria.
El asambleísta por Azuay, Adrián Castro, presentó una denuncia ante la Contraloría General del Estado para que se investigue la adjudicación de tres contratos por más de 21 millones de dólares para hospitales municipales en Cuenca. Las obras fueron otorgadas a una sola empresa,… pic.twitter.com/hvU8FvtXzD
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