El reciente episodio en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador ha generado una ola de reacciones y debates en la comunidad internacional. Esta acción se llevó a cabo a pesar de una orden judicial que prohibía dichas deportaciones, lo que ha suscitado interrogantes sobre el respeto al estado de derecho y las implicaciones de tales medidas.
Invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
Para justificar las deportaciones, la administración Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial. Esta ley permite al gobierno, en tiempos de guerra, detener o deportar a ciudadanos de naciones enemigas sin necesidad de una audiencia previa. Trump argumentó que el grupo criminal venezolano Tren de Aragua representaba una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que justificaba la aplicación de esta antigua ley.
Desacato a la orden judicial
Horas antes de que se llevaran a cabo las deportaciones, el juez federal James Boasberg emitió una orden que prohibía al gobierno de Trump ejecutar dichas acciones. Sin embargo, la administración procedió con las deportaciones, argumentando que la orden verbal del juez no era vinculante y que su autoridad cesaba una vez que los aviones abandonaban el espacio aéreo estadounidense. Esta interpretación fue recibida con escepticismo por parte del juez, quien consideró la posibilidad de una crisis constitucional debido al desacato a la orden judicial.
Reacción de El Salvador y traslado al Cecot
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la llegada de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) al país centroamericano. Bukele informó que los detenidos fueron trasladados inmediatamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40,000 reclusos. Los deportados permanecerán allí por un año, con posibilidad de extensión.
Acuerdo financiero entre Estados Unidos y El Salvador
Para llevar a cabo estas deportaciones, Estados Unidos acordó pagar a El Salvador $6 millones para cubrir los costos de encarcelamiento de los deportados durante un año. Este monto equivale a aproximadamente $25,000 por detenido, lo que representa un ahorro significativo en comparación con los costos de encarcelamiento en prisiones estadounidenses. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, destacó que esta medida supone un alivio financiero para los contribuyentes estadounidenses.
Críticas y preocupaciones de familiares
La rápida ejecución de las deportaciones ha generado confusión y angustia entre los familiares de los deportados. Muchos recibieron notificaciones de último minuto de sus seres queridos antes de ser trasladados, y ahora buscan desesperadamente información sobre su paradero y situación legal. Organizaciones de derechos humanos y abogados han expresado su preocupación por la falta de transparencia y debido proceso en estas acciones.
Declaraciones de Trump y críticas internas
El presidente Trump calificó a los deportados como «monstruos» y agradeció a Bukele por su colaboración en esta «horrible situación». Estas declaraciones han sido objeto de críticas por parte de líderes políticos y organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan la retórica utilizada y la falta de respeto al debido proceso legal.
Respuesta del presidente del Tribunal Supremo de EE.UU.
El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, emitió una declaración en respuesta a los ataques de Trump contra el poder judicial. Roberts enfatizó que el impeachment no es una respuesta adecuada a desacuerdos judiciales y destacó la importancia de mantener la independencia del poder judicial. Esta intervención refleja la creciente tensión entre la administración Trump y el sistema judicial federal.
Implicaciones legales y constitucionales
La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sin una declaración oficial de guerra es un hecho sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Expertos legales consideran que esta acción podría constituir un abuso de poder y sentar un precedente peligroso para futuras administraciones. Además, la aparente desobediencia a una orden judicial plantea serias preocupaciones sobre el respeto al estado de derecho y la separación de poderes en el país.
🇸🇻🇺🇸 #INTERNACIONAL / #ElSalvador recibirá USD 6 millones de EE.UU. para encarcelar a 300 presuntos pandilleros del Tren de Aragua. El acuerdo, parte de la estrategia de #DonaldTrump, incluye un costo anual de USD 20.000 por detenido. Marco Rubio y #NayibBukele discutieron la… pic.twitter.com/mopFnxLHN7
— Radio Forever (@925forever) March 17, 2025
