Cristina Kirchner pierde una nueva batalla judicial. La Cámara de Casación penal argentina, un tribunal de apelaciones de segunda instancia, ratificó este miércoles una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción contra la expresidenta. Kirchner apelará el fallo ante la Corte Suprema, la última instancia donde puede pedir su absolución.
La Corte no tiene plazos y su decisión puede demorar años. Mientras tanto, Kirchner seguirá en libertad y haciendo política. El 17 de noviembre próximo asumirá la presidencia del Partido Justicialista, la forma legal del peronismo, con la intención de “ordenar” a la principal fuerza opositora al Gobierno de Javier Milei y presentar batalla en las elecciones legislativas de 2025. Milei dijo, tras conocer la sentencia, que “hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”.
Un tribunal federal condenó a Kirchner en diciembre de 2022 en la llamada Causa Vialidad. Según aquel fallo, la expresidenta mantuvo durante su Gobierno “vínculos promiscuos y corruptos” con el empresario encargado de la obra pública en Santa Cruz, la provincia patagónica que es cuna de su movimiento político. Los jueces la consideraron cabeza de una organización creada desde el Estado destinada a beneficiar con medio centenar de contratos millonarios a Lázaro Báez. El empresario, a su vez, retribuía “los beneficios indebidamente obtenidos” mediante negocios espurios con “las empresas familiares de la expresidenta”.
El cálculo judicial del desfalco ascendió a 84.800 millones de pesos, unos 84 millones de dólares al tipo de cambio actual. Báez se quedó con nueve de cada diez licitaciones viales en Santa Cruz, la mitad de las cuales dejó sin terminar pese a haberlas cobrado. Para los jueces, la relación comercial entre Kirchner y el empresario fue tan estable que “abarcó prácticamente tres mandatos presidenciales”, si se cuenta el Gobierno de su marido, Néstor Kirchner, iniciado en 2003.
En el listado de negocios conjuntos, los jueces incluyeron compraventa de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas y préstamos de dinero. Y advirtieron que esos negocios crecían “en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad”.
Cristina Kirchner apeló en su momento la condena en primera instancia, sin éxito. Este miércoles, no estuvo presente en la lectura del fallo, realizada en los tribunales federales de Comodoro Py, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Prefirió participar de un encuentro de mujeres en el distrito de Moreno, en la periferia de la capital, gobernado por su fuerza política. En la víspera, la expresidenta había dado por hecho que la Cámara de Casación rechazaría su pedido de absolución. Kirchner se considera víctima de lawfare, esto es, el uso político de los tribunales para perseguir a opositores. “Tengo muy claro por qué me persiguen. En el peronismo estamos acostumbrados. Eso, lejos de amedrentarnos o hacernos retroceder, nos hace más fuertes”, advirtió el martes durante un encuentro con sindicalistas. Más tarde, publicó un documento en sus redes sociales donde denunció que “el verdadero objetivo” de los jueces es su “inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad”. “O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida”, dijo.
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