El Gobierno de Perú ha encendido una intensa polémica al promulgar una nueva legislación que modifica de manera significativa el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que adolescentes de 16 y 17 años sean imputados penalmente por delitos graves como asesinato, extorsión y violación sexual. Esta medida, que ha generado una ola de reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional, pone sobre la mesa un debate urgente sobre los derechos de los adolescentes, la seguridad ciudadana y el papel del Estado de derecho en América Latina.
Una reforma legal que divide al país
La ley fue publicada en el diario oficial El Peruano, tras haber sido aprobada por el Congreso peruano, con el apoyo de sectores conservadores y fujimoristas. Su principal argumento es que los adolescentes no deben recibir un trato equivalente al de un niño cuando cometen crímenes de extrema gravedad.
El congresista Alejandro Muñante, una de las figuras más visibles detrás de esta iniciativa, sostuvo que era inconcebible que un joven de 17 años que comete un asesinato sea tratado como un simple infractor. “Se le da el mismo tratamiento que a un niño, y eso es inadmisible”, señaló durante el primer debate en el Congreso. Por su parte, Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y también parlamentario, destacó que muchas bandas criminales utilizan a menores de edad para ejecutar actos violentos, sabiendo que las sanciones son mínimas.
Delitos incluidos en la nueva ley penal para adolescentes
La norma contempla que los adolescentes entre 16 y 17 años podrán ser procesados penalmente como adultos en los siguientes delitos:
- Asesinato
- Homicidio calificado
- Extorsión
- Violación sexual de menores de edad
- Secuestro
- Terrorismo
- Tráfico ilícito de drogas en gran escala
Estos crímenes, considerados de alta peligrosidad, dejarán de ser tratados exclusivamente por el sistema de justicia juvenil, que hasta ahora ofrecía medidas socioeducativas y penas limitadas.
Reacción del Poder Judicial y organismos defensores de derechos humanos
El Poder Judicial del Perú fue enfático en su rechazo a la nueva legislación. En un comunicado oficial, afirmó que la norma vulnera la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los menores deben ser tratados de manera diferenciada del sistema penal adulto.
Asimismo, el Ministerio Público, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y representantes de organismos internacionales han expresado su preocupación, señalando que criminalizar a los adolescentes no resuelve el problema de fondo, que es la exclusión social, la pobreza, la falta de oportunidades y la desintegración familiar.
¿Solución a la inseguridad o retroceso en derechos humanos?
Los defensores de la norma argumentan que se trata de una respuesta urgente ante el aumento de la criminalidad organizada, que usa a menores como “instrumentos” para eludir penas severas. Aseguran que imputar penalmente a jóvenes involucrados en crímenes atroces es una forma de disuasión y un mensaje claro a las bandas criminales.
Por otro lado, los críticos advierten que esta medida abre la puerta a un retroceso en materia de protección a la niñez y adolescencia. Recuerdan que muchos adolescentes que cometen delitos provienen de entornos violentos, de extrema pobreza o han sido víctimas de abandono y abuso, y que tratarlos como adultos solo reproduce un ciclo de violencia que el sistema debe romper, no reforzar.
Comparación con Ecuador y otros países de la región
En Ecuador, el debate sobre la responsabilidad penal de menores también ha sido recurrente, especialmente ante casos mediáticos que involucran a adolescentes en asesinatos, asaltos o violaciones. Actualmente, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano contempla una edad mínima de responsabilidad penal de 12 años, aunque con un sistema distinto al de adultos, priorizando medidas educativas.
Sin embargo, sectores políticos y sociales han exigido reformas similares a las de Perú, alegando que el sistema actual no tiene capacidad de respuesta ante delitos cometidos por adolescentes.
En países como Chile y Argentina, también existen mecanismos diferenciados para juzgar a menores, pero con criterios claros de proporcionalidad, enfoque de derechos y reintegración social.
Implicaciones a largo plazo: ¿Justicia o populismo punitivo?
Varios expertos señalan que esta ley puede ser parte de una tendencia preocupante en América Latina: el populismo punitivo, que busca soluciones rápidas a problemas estructurales, ganando apoyo popular mediante el endurecimiento de penas, pero sin atacar las causas profundas del crimen juvenil.
En lugar de invertir en educación, empleo, salud mental y apoyo psicosocial, algunos gobiernos optan por criminalizar la juventud, lo cual puede tener efectos devastadores a largo plazo, como la reproducción del delito y la masificación de los sistemas penitenciarios.
El Gobierno de #Perú ha promulgado una ley que permite juzgar penalmente como adultos a #menores de 16 y 17 años por #delitosgraves, como asesinato, extorsión y violación.
— Radio Forever (@925forever) May 12, 2025
La norma, ya aprobada por el Congreso, modifica el Código Penal del país y ha generado un amplio debate… pic.twitter.com/6cfowEUDbH
