El acuerdo que firmó John Pólit con las autoridades de los Estados Unidos (EE. UU.), en el que acepta haber lavado los sobornos de su padre, el excontralor Carlos Pólit, está condicionado a una serie de conductas.
La primera: John Pólit cooperará. “El acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad y que no cometerá ningún otro delito”, indica el acuerdo firmado con Markenzy Lapointe, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida; Glenn S. Leon, jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EE. UU.; y los fiscales Simon Kramer y Michael Berger.
Si se cumple con los requerimientos, entonces los beneficios penales se aplicarán, como seguir en libertad mientras no se anuncie la condena, una pena de cárcel reducida seguida de una libertad supervisada, etc.
Para que el acuerdo se vuelva efectivo, el hijo del excontralor también debe entregar pruebas cuando se las soliciten, “ya sea en entrevistas ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial”. Está obligado a comparecer a los procedimientos judiciales en los que sea requerido y “si lo solicitan las oficinas (de cada uno de los fiscales), trabajar en un papel encubierto bajo la supervisión y cumplimiento de los oficiales investigadores penales federales de los EE. UU.”.
La cooperación que dará el hijo del excontralor del gobierno de Rafael Correa también incluye guardar confidencialidad de toda la información que él sabe o manejó cuando su padre recibió 16 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht y 500.000 dólares de Diego Sánchez, conocido como el ‘zar de los reaseguros’, por los contratos de reaseguros que recibió por parte de Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre y en su momento asesor del entonces presidente Correa.
Ribas Domenech y Sánchez también fueron procesados en EE. UU. Ambos, al igual que Pólit Jr., firmaron acuerdos de cooperación con la Fiscalía de ese país, por lo que fueron parte de los testigos en el juicio contra el excontralor Carlos Pólit.
Ante el jurado y con la misma advertencia de que no podían mentir, los dos testigos admitieron que Pedro Solines, exsuperintendente de Bancos y exsecretario de Correa, fue la persona que les ayudó con los encuentros con Pólit. Una acción que fue recompensada con 250.000 dólares. Solines, ahora alcalde de Milagro por la Revolución Ciudadana, lo ha negado todo.
Otro personaje nombrado por Diego Sánchez es José Serrano, quien fue ministro del Interior del correísmo. En el juicio de Pólit padre, el fiscal Michael Srebnick preguntó si él había cometido algún delito junto con Serrano, a lo que Sánchez respondió que sí. Ante la pregunta sobre si ha sido procesado penalmente sobre ese delito, respondió que no. En el contrainterrogatorio, añadió que Serrano le “exigió un pago a cambio de una supuesta ayuda y yo en principio me negué”. Y aseguró que el Gobierno de Estados Unidos ya tiene esa información. El fiscal preguntó: “¿Esto fue un soborno?”. Sánchez contestó que “sí”.
Las líneas de investigación que cada uno de los fiscales estadounidenses tenga a partir del juicio o a partir de cada colaboración, se nutrirán o se reforzarán con los aportes de Pólit hijo.
John Pólit aceptó haber lavado 16,5 millones de dólares de su padre; pero este, en su juicio que ahora está en la fase de apelación, alega que es mentira y que no fue ese el monto de lavado. Aunque se trata de los mismos hechos, cada imputado recibe un trato diferente.
En el caso de Odebrecht, la justicia norteamericana ya ha determinado en el juicio de Carlos Pólit que los montos ilícitos fueron pagados por cinco megaobras del correísmo: hidroeléctrica San Francisco, trasvase Daule-Vinces, Refinería del Pacífico, acueducto La Esperanza y el poliducto Pascuales-Cuenca.
Para el cálculo de la pena de Pólit hijo, la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Miami, tendrá la última palabra. De hecho, en el acuerdo con la Fiscalía el acusado también aceptó que si bien a él le correspondería una pena de hasta 10 años de cárcel, la justicia federal de ese país podrá aumentarla o rebajarla según su conducta.
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