Cuando Juan Orlando Hernández ocupaba el cargo de presidente de Honduras, casi nada era lo que parecía dentro del Estado, de acuerdo a las pruebas por las que fue declarado culpable de todos los cargos, entre ellos de narcotráfico en un juicio en Nueva York, Estados Unidos, este viernes.
Por ejemplo, cuando el gobierno pavimentaba carreteras remotas del país en nombre del bienestar público, el objetivo oculto era facilitar el traslado de cocaína.
Las fuerzas de seguridad que debían encargarse de combatir el crimen en realidad protegían los transportes de droga dirigida a EE.UU.
En el Congreso había quienes, en lugar de escribir las leyes, contribuían a quebrarlas.
Las elecciones que se realizaban desde el nivel municipal hasta el presidencial no sólo se definían por votos, sino también por dinero del narco.
Y Hernández, quien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 se mostró como aliado de EE.UU., hablaba en privado de meter droga en las narices de «los gringos», siempre de acuerdo a testimonios vertidos en el juicio.
Si bien el exmandatario rechazó los tres cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas para ese delito, e incluso subió al estrado de una corte federal de Nueva York a defenderse esta semana, el jurado decidió unánimemente que la evidencia mostrada por el gobierno de EE.UU. era suficiente para declararlo culpable.
A los 55 años de edad, Hernández es el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992 y aguarda ahora una sentencia que podría llegar a cadena perpetua.
Está previsto que la pena sea dictada próximamente por el juez Kevin Castel.
Lejos de ser un caso más de drogas en los tribunales estadounidenses, este juicio que acaba de concluir supone una radiografía especial de lo que los fiscales definieron como un «narcoestado» funcionando en América Latina en pleno siglo XXI.
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