Según informe aprobado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional el día de ayer, elaborado por Carlo Romero, asesor de la comisión, quien organizó siete sesiones de comparecencias para verificar que en el gobierno del expresidente Rafael Correa Ecuador no era una “isla de paz” como se lo publicitaba, sino que habría una presunta manipulación de datos sobre homicidios clasificándolos como de motivos no determinados. Lo que constituye incluso un delito de ocultación de información pública.
Indudablemente, siendo así se trata de un tema de alta trascendencia, no sólo por la manipulación de los datos públicos para guardar la imagen de un gobierno, sino por la afectación que conlleva el hecho de no contar con la realidad estadística que obligue a la acción del Estado en defensa de la seguridad ciudadana, como en este caso. Incluso atenta en contra de los Derechos Humanos y los acuerdos internacionales de esta materia. El informe aprobado determina que se aplicó prácticas sistemáticas de manipulación estadística, encubrimiento institucional y omisión dolosa en los registros de muertes violentas, desapariciones y trata de personas en el Ecuador.
Esta información corrobora la investigación y los informes del investigador guayaquileño Arduino Tomasi, a quien entrevistamos el lunes 9 de septiembre de 2024, luego de leer su estudio académico sobre muertes violentas y no determinadas en el período 2007-2018. En el que concluía que se habrían ocultado 7.379 muertes violentas. Tomasi publicó tres artículos en la web en los que compartía su trabajo técnico.
Según esa información, para ocultar las muertes violentas se utilizó la clasificación «muertes violentas de intensión no determinadas» con lo que no se determinaba si se trataba de un homicidio, o de un accidente o de un suicidio. Es decir, quedaba sin categorizarse. La caída estadística de las muertes violentas, «coincidentemente» comienza a partir del cierre de la Base de Manta con lo que se proponían asumir que había mejorado la «isla de paz» sin la presencia de ese apoyo de EE.UU. Además, se comprueba que había disminuido la incautación de droga en el mismo período. Lo que nos llevó a pensar de que realmente se había llegado a un acuerdo con el narcotráfico y que había llevado a no agredirse entre las Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Nuestra investigación comenzó con la lectura del artículo de Tomasi titulado «El Antropófago» el 8 de marzo de 2024. En el que manifestaba que al haber ocultado las 7.379 muertes violentas se trata de una posible violación sistemática de los derechos humanos e impunidad generalizada en Ecuador. que representa potencialmente un crimen sin resolver y una violación al derecho a la vida, socava el estado de derecho y pone en tela de juicio el cumplimiento de estado de sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Más allá, al manipular las estadísticas y ocultar las muertes violentas y desconocer la circunstancias exactas de muerte
Tomasi se decidió a hacer su investigación estadística cuando había venido al país a vacacionar desde su residencia en EE.UU., y no pudo retornar debido a la toma del Canal 10 y la suspensión de los vuelos el 10 de enero de 2024. Y le llamó la atención de que justamente las muertes violentas se reducen mientras las sin motivación determinada comenzaron a aumentar en el 2007, al punto de ser superiores en número a las muertes violentas o por causa conocida en el año 2014.
Ayer, luego de la aprobación del informe de la Comisión, ADN hizo público su comunicado con el título LA «MANO DE SANGRE» DEL CORREÍSMO, anotando «una posible manipulación del sistema de datos de homicidios de 2008 al 2023, incluyendo, desapariciones y trata infantil. Con esto se evidencia la «mano de sangre» del correísmo que engañó al país y encubrió crímenes de lesa humanidad. (…). Como bancada de ADN no permitiremos la impunidad.
El informe de la Comisión increpa a la Fiscalía General del Estado para que se investigue penalmente los hechos detallados en el informe respecto a la alteración de datos, omisión de funciones, encubrimientos y delitos de lesa humanidad, que recaen, principalmente, en contra del entonces Ministro del Interior, José Serrano y del Fiscal correísta, Galo Chiriboga».
Ecuador, en este tema como en otros, requiere urgentemente seguir estableciendo la verdad para que el Estado sea más efectivo en materia de seguridad ciudadana.
Ayer la Comisión de seguridad de la Asamblea aprobó el informe sobre la manipulación de estadísticas de las muertes violentas entre 2008 y 2017 para aparentar la “isla de paz”. La Fiscalía deberá investigar. pic.twitter.com/EargK4rIbc
— Washington Delgado L (@wedelgado) March 26, 2025
